En los planteles de educación pública es común que las y los niños con la condición del trastorno del espectro autista sean rechazados, bajo el argumento de que las escuelas no cuentan con el personal suficiente, no están capacitados, sus instalaciones son insuficientes, o porque generan conflictos y retrasan el avance de los demás alumnos.
La senadora Verónica Martínez García agregó que las autoridades de los centros educativos también sugieren que estos menores deberían ser inscritos en una escuela especial, a pesar de que es obligación de todas las instituciones públicas educativas el recibirlos y otorgarles dicho servicio.
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Por ello, la legisladora del PRI presentó un punto de acuerdo por el que pide al Gobierno Federal que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se instruya a los directores de los planteles de educación básica, a garantizar el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la condición del trastorno del espectro autista.
También solicitó a la SEP que instruya a que se revisen y, en su caso, se modifiquen los planes educativos, exámenes, evaluaciones, así como los protocolos de atención para la población infantil con capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje diversos, a fin de cumplir con una educación incluyente.
En el documento, que publicó en la Gaceta Parlamentaria del 3 de abril, Verónica Martínez llamó a la titular de dicha dependencia a que instruya que se capacite al personal docente de educación básica, con la finalidad de que se atienda adecuadamente a los menores que se encuentren con dicho trastorno, para satisfacer las necesidades derivadas de esa condición.
Recordó que la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista estipula que entre los derechos de este sector está “recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente”.
Dijo que, a pesar de que la Ley los protege, en la práctica la situación es diferente en diversos aspectos, como cuando los padres tratan de conseguir un diagnóstico para sus hijas o hijos por parte de las instituciones de salud pública, o para que reciban una educación adecuada.
El trastorno del espectro autista -explicó la senadora-, es una condición que, se estima, afecta a uno de cada 100 menores de edad; sin embargo, dicha cifra es sólo una proyección media, pues los casos observados varían considerablemente debido a que no existe un estudio y monitoreo obligatorio que permita detectarlo.
Por ello, muchos casos se diagnostican demasiado tarde, sobre todo en países de bajos ingresos, donde su prevalencia es desconocida por la falta de exámenes.
Verónica Martínez dijo que se trata de una condición especial que les dificulta a los infantes entablar relaciones de amistad y de afecto, porque presentan patrones atípicos de comportamiento; sin embargo, también desarrollan intereses especiales e intensos sobre diversos temas que los hacen altamente competitivos y confiables.
Afirmó que los menores con un diagnóstico oportuno y que tienen acceso a una educación adecuada, pueden llevar una vida normal y ser productivos en muchos ámbitos, por lo que se debe garantizar que reciban una educación inclusiva, con personal docente capacitado.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen correspondiente.
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