De aprobarse en el Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa presentada por el Ejecutivo Federal, por lo que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas externó su preocupación por las serias repercusiones que implicaría.
La iniciativa plantea modificar 23 leyes federales y de acuerdo con el proceso legislativo, podría ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el mes de abril.
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En este sentido, expertos del IMEF consideran que, de aprobarse este Proyecto de Decreto sin cambio alguno, se atentaría contra el Estado de Derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos.
Asimismo, puntualizaron que la inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, necesita condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas.
La aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía nacional muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio.
Además, acotaron que el proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión. Adicionalmente, de aprobarse esta iniciativa se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Bajo este contexto, el IMEF exhorta al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa de reforma como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
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