La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos, es “el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, destacó la ministra presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Lucía Piña Hernández, al presentar su Primer Informe de Labores.
En sesión solemne, ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); así como de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció que el PJF ha enfrentado retos sin precedentes y la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.
Estos momentos de cambio, expresó, exigen que “saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.
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Ante representantes de los otros dos poderes de la unión: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en representación del Presidente de la República, y Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la ministra presidente afirmó que “la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”.
Al presentar los resultados de este año de gestión, la ministra presidenta Piña Hernández destacó que la defensa de la independencia judicial surge no sólo de quienes la viven en el ejercicio de sus funciones, sino “de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.
Por ello, exhortó a promover la legitimidad del PJF, que incentive el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integran.
Asimismo, Piña Hernández informó que durante 2023 ingresaron al sistema de justicia federal, constituido por Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, Centros de Justicia Penal, tribunales federales y por el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, ingresaron 1,493,712 asuntos, que se sumaron a los 531,571 que ya estaban. Del total de los asuntos, se resolvió un 70%.
Explicó que del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de La Corte, ingresaron 16,405 asuntos, de los cuales 8,217 corresponden a amparos directos en revisión; 2,724 a expedientes varios; 994 a amparos en revisión; 934 a solicitudes de facultad de atracción; 837 a recursos de reclamación -del Pleno y Salas-; 547 a controversias constitucionales; 406 a contradicciones de criterios; 231 a acciones de inconstitucionalidad, y 222 a solicitudes de reasunción de competencia, entre otros.
Como parte de su Primer Informe, destacó la mejora en las funciones jurisdiccionales, la centralidad de los derechos humanos en la consolidación de la perspectiva de género, la comunicación social como un ejercicio de acercamiento a la ciudadanía, la gestión administrativa y la ética y rendición de cuentas.
De igual manera, Norma Piña Hernández subrayó que el PJF tiene la responsabilidad de administrar sus recursos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional.
Sin embargo, indicó que desde 2018, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias, por lo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba”.
Por último, dijo a las más de 53 mil personas trabajadoras del PJF que sus derechos laborales, al igual que de todos los mexicanos, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.
Finalmente, la ministra presidente reiteró su compromiso, el cual “es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.
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