La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestó su profunda preocupación tras la reciente aprobación del Dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. El pasado 13 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta reforma con 335 votos a favor y 108 en contra, lo que, según COPARMEX, representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y en la garantía de un debido proceso.
La reforma amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que resulta alarmante para la organización, ya que no se han considerado adecuadamente las implicaciones de esta medida en los derechos fundamentales de las personas. A pesar de las modificaciones aprobadas en la última sesión, que eliminaron delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, la inclusión de delitos como la extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo y otros delitos fiscales sigue siendo una amenaza para el principio de presunción de inocencia, que está en riesgo al ampliar los casos que permiten la detención preventiva sin una sentencia condenatoria previa.
COPARMEX recalca que la presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de derecho y no puede ser sustituida por medidas que vulneren este derecho sin que haya una sentencia firme. Según la organización, la prisión preventiva oficiosa implica una privación de libertad anticipada sin una debida justificación legal, lo que aumenta el riesgo de que personas inocentes sean detenidas sin haber sido juzgadas en un proceso justo. Esta situación contraviene las garantías constitucionales y genera desconfianza en la sociedad.
La organización empresarial ha reiterado en diversas ocasiones que la prisión preventiva oficiosa debe aplicarse únicamente bajo criterios estrictos de excepcionalidad, y siempre cuando se justifique el riesgo de fuga o la alteración de pruebas. La reforma aprobada, en su opinión, amplía un mecanismo que favorece la arbitrariedad y promueve la criminalización preventiva de personas sin haber sido juzgadas.
COPARMEX también expresó su preocupación por la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa sin un enfoque integral de seguridad y justicia. Señala que la falta de una correcta investigación por parte de las autoridades ministeriales, la insuficiencia de recursos y la falta de capacitación en las fiscalías y cuerpos policiales debilitan el sistema de justicia penal. En este sentido, hace un llamado urgente a reformar la estructura institucional y dotar a las autoridades de los medios necesarios para una correcta aplicación de la ley, siempre respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Además, COPARMEX recordó que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia del Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la CIDH ordenó al Estado mexicano eliminar esta figura jurídica debido a su impacto negativo sobre las garantías fundamentales.
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Ante esta situación, COPARMEX hizo un respetuoso llamado a las y los miembros del Senado de la República para que reconsideren la reforma aprobada en la Cámara de Diputados. La organización pide que se respete la convención internacional que establece la primacía de los derechos humanos y que se elimine la prisión preventiva oficiosa, con el objetivo de evitar que la legislación mexicana contravenga los estándares internacionales y siga vulnerando los derechos de las personas.
COPARMEX reiteró su compromiso con la promoción de un sistema de justicia más equitativo y respetuoso de los derechos humanos en México, y aseguró que continuará trabajando en este sentido.
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