Al encabezar el evento de promulgación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que su administración impulsará un marco jurídico que posibilite el desarrollo de la entidad y de sus habitantes en un ambiente de justicia, inclusión, humanismo y valores, como elementos indispensables para favorecer la armonía de la sociedad mexiquense.
“En nuestro camino hacia la construcción de un Estado de México más justo e inclusivo, promulgaremos leyes y políticas que reflejen el humanismo y los valores que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha puesto como ejemplo y que honraremos en nuestro estado”, destacó.
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Acompañada de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Azucena Cisneros Coss y Ricardo Sodi Cuellar, respectivamente, la Mandataria estatal indicó que este nuevo marco legal busca contribuir para que los mexiquenses cuenten con las bases mínimas de una sana convivencia social.
“Esta ley es el reflejo de lo que nos mueve como gobierno: El Poder de Servir con justicia y con honestidad. El Poder de Servir representa un compromiso con cada ciudadano mexiquense, el compromiso de que su gobierno los escuchará y atenderá sus demandas”, indicó en el evento realizado en el Patio Central del Palacio de la sede del Poder Ejecutivo.
La gobernadora precisó que esta ley es producto de la concertación de ideas y propuestas plurales a través de las Iniciativas presentadas por la diputada Azucena Cisneros Coss, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y de la diputada Karla Aguilar Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI, que contaron con la activa participación del Poder Judicial de la entidad, permitiendo la conjunción de las posturas para llevar a buen puerto un proyecto aprobado por unanimidad de votos en la LXI Legislatura local y beneficiará a las y los mexiquenses.
Tras firmar el Decreto por el que se promulga la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, que también signó Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez puntualizó que la administración estatal tiene el propósito de garantizar el acceso a la justicia a los municipios tanto rurales como urbanos, a las ciudades más desarrolladas y las comunidades indígenas, a jóvenes y adultos, lo mismo que a mujeres y hombres.
La mandataria estatal refirió que este marco jurídico se justifica a partir de las cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2020, en donde se reportaron en el Estado de México, 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y quejas.
De las faltas cívicas registradas, más de 100 mil fueron sancionadas con arresto, 50 mil con multa y 29 mil con amonestación, pero sólo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación.
La Ley de Justicia Cívica busca promover una convivencia pacífica y respetuosa entre la ciudadanía, garantizando sus derechos y libertades, protegiendo a las víctimas, impulsando la participación ciudadana y fomentando la cultura de legalidad y responsabilidad cívica.
Algunos de los objetivos específicos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios son:
- Fomentar la convivencia pacífica y el respeto entre los ciudadanos.
- Promover la solución pacífica de conflictos y evitar la violencia.
- Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
- Impulsar la participación ciudadana en la construcción de un entorno seguro y armonioso.
- Fomentar la cultura de legalidad y responsabilidad cívica en la sociedad.
En su momento, Azucena Cisneros Coss, presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de México, manifestó que La Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios garantizará una justicia más efectiva y eficiente para todas y todos, además representa la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, principalmente para quienes carecen de las condiciones para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas.
La legisladora explicó que, al homologar la calificación y sanción de las infracciones administrativas, se pone fin a la discrecionalidad con la que se imponen e infraccionan conductas de manera arbitraria e injustificada, violando los derechos de la ciudadanía e incluso los usos y costumbres de los pueblos indígenas, lo que implica reformar bandos municipales.
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