La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) presentó una iniciativa para adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el objetivo de permitir la deducción del 100% de este gravamen en pagos de colegiaturas hasta el nivel superior de educación.
La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, establece que los contribuyentes podrán deducir los pagos efectuados a instituciones privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial, en los niveles de enseñanza básica, media superior y superior, conforme a la Ley General de Educación.
La iniciativa contempla la deducción de gastos en educación para el propio contribuyente, su cónyuge o concubino, ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que los pagos sean destinados exclusivamente a programas y planes de estudio autorizados. Esto incluiría cuotas de inscripción o reinscripción.
Los pagos deberán realizarse a través de medios electrónicos como cheques nominativos, transferencias bancarias o pagos con tarjeta de crédito, débito o de servicios. Asimismo, se exigirá documentación fiscal que demuestre que los pagos fueron efectuados en el año correspondiente.
El comprobante fiscal emitido por las instituciones educativas deberá desglosar los conceptos de enseñanza, inscripción o reinscripción. Además, se establece que los pagos por servicios educativos serán deducibles en su totalidad.
Actualmente, la Ley del ISR no contempla la deducción de los pagos por servicios educativos privados como parte de los gastos personales, aunque sí permite la deducción de transportación escolar.
Gutiérrez Valtierra argumentó que muchas familias realizan un esfuerzo significativo para proporcionar a sus hijos una educación de calidad en instituciones privadas, dadas las limitaciones del sistema público, incluyendo la falta de escuelas de tiempo completo en educación inicial, preescolar y básica, lo cual afecta la inserción laboral de las madres de familia.
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Asimismo, señaló que algunos padres recurren a la educación privada para atender necesidades especiales, como condiciones neurológicas, discapacidad física o mental, y enfermedades que no encuentran respuesta en el sistema público.
La legisladora enfatizó que, independientemente del motivo por el cual una familia opte por la educación privada, la carga impositiva resulta desproporcionada. Subrayó que la igualdad en dignidad y derechos de todos los ciudadanos implica que el Estado debe garantizar y proteger el derecho a la educación.
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