Con el objetivo de fortalecer la protección legal de sectores vulnerables de la población, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 390 del Código Penal Federal, con el fin de aumentar hasta en una mitad más la pena por el delito de extorsión cuando esta sea ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, personas adultas mayores o personas indígenas.
Actualmente, la ley establece sanciones de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a sesenta días multa para quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o causando un perjuicio patrimonial. La propuesta de reforma amplía el concepto de extorsión, especificando que esta ocurre cuando se obliga a alguien mediante violencia, amenazas o intimidación, utilizando cualquier medio de coerción para obtener un beneficio o generar daño a la víctima.
Además, se plantea que la pena se incremente si el acto de extorsión es cometido por integrantes de una asociación delictiva o si la amenaza proviene del interior de un centro penitenciario o de reinserción social. Asimismo, se busca garantizar la reparación del daño y el acompañamiento a las víctimas en todas las etapas del proceso judicial.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, subraya que la extorsión es uno de los delitos de mayor incidencia en México, con una tasa de prevalencia delictiva de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2024, ubicándose entre los tres delitos más comunes junto con el fraude y el robo. También destaca que la impunidad en este delito es cercana al 100 por ciento, lo que agrava su impacto social y emocional en las víctimas.
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El diputado Mejía Berdeja argumentó que el artículo 390 del Código Penal Federal fue creado en 1984 y su última reforma ocurrió en 1994, lo que ha dejado al marco legal desactualizado frente a la evolución de las actividades delictivas. Con esta reforma, se pretende actualizar la legislación para hacer frente a las nuevas formas de extorsión y brindar mayor protección a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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