El diputado Rodrigo Ramos Enríquez (MC) presentó una iniciativa para reformar los artículos 2°, 21 Bis y 27 de la Ley de Planeación, con el objetivo de incorporar la erradicación de la pobreza extrema como eje prioritario del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La propuesta también busca incluir a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación entre las dependencias encargadas de elaborar presupuestos y programas sectoriales que contribuyan al cumplimiento de este propósito.
En su exposición, el legislador enfatizó la urgencia de abordar el fenómeno de la pobreza extrema, que afecta a 9.1 millones de personas en México, quienes carecen de acceso a condiciones básicas de bienestar, como alimentación, salud, vivienda digna y educación de calidad. De esta cifra, 3.8 millones son menores de 18 años, lo que refleja un impacto devastador en las futuras generaciones.
“El fenómeno de la pobreza extrema atenta contra la dignidad humana, perpetúa ciclos de exclusión y desigualdad, y limita el desarrollo económico y social del país. Es urgente implementar políticas públicas integrales que atiendan este problema desde una perspectiva multidimensional, incluyendo recursos económicos, seguridad social y eliminación de barreras de género”, señaló Ramos Enríquez.
El legislador también destacó que, a pesar de los programas sociales existentes, en 2022 el 45.1% de las personas en pobreza extrema (4.1 millones) no recibió ningún apoyo monetario. Esta situación refleja problemas de cobertura, duplicidad de programas y una falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, lo que limita la efectividad de las políticas destinadas a combatir este problema.
Entre las propuestas de la iniciativa está priorizar programas que transformen las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, garantizar la distribución equitativa de los recursos, y fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar duplicidades y maximizar el impacto de los apoyos.
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“La erradicación de la pobreza extrema no puede lograrse únicamente con programas aislados. Necesitamos políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y ataquen las causas estructurales de este fenómeno. Esto incluye empleo formal, seguridad social, y un enfoque integral en derechos sociales”, puntualizó el diputado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde será discutida para su posible incorporación en la normativa. Con este esfuerzo, el Congreso busca dar un paso significativo hacia la construcción de un país más equitativo y con mayores oportunidades para todos.
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