En respuesta al creciente problema de violencia patrimonial en el país, la diputada Dionicia Vázquez García, del grupo parlamentario de Morena, propuso reformar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el delito de despojo se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante la presentación de su iniciativa, la legisladora subrayó la gravedad de este fenómeno que afecta a miles de personas, en especial a adultos mayores, familias en situación vulnerable y comunidades desplazadas, quienes frecuentemente son víctimas de despojo mediante métodos violentos, ilegales y, en muchos casos, impunes.
“El carácter sistemático y violento del despojo, así como su alta tasa de impunidad, justifican plenamente esta medida. Se trata de una herramienta necesaria para evitar reincidencias, prácticas dilatorias y actos de intimidación contra las víctimas”, afirmó Vázquez García. Añadió que su propuesta busca restablecer la confianza en el Estado de derecho y brindar una respuesta legal efectiva ante un delito que afecta derechos fundamentales como la propiedad, la vivienda y la seguridad jurídica.
De acuerdo con datos expuestos en el documento turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, el delito de despojo —que consiste en la ocupación ilegal de bienes inmuebles ajenos— tiene mayor incidencia en el Estado de México y la Ciudad de México, que concentran más del 30% de las denuncias registradas a nivel nacional.
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La legisladora advirtió que este problema trasciende lo local: se ha convertido en una crisis nacional ligada al desplazamiento forzado, corrupción y colusión de autoridades. “Estudios recientes revelan que en uno de cada diez municipios del país hay una relación directa entre el incremento de denuncias por despojo y el aumento de homicidios”, puntualizó.
Vázquez García consideró que la inclusión del despojo en el marco de la prisión preventiva oficiosa es una acción prioritaria para proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, ante un delito que vulnera tanto el patrimonio como la integridad de miles de mexicanas y mexicanos.
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