El diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y Federal de Protección al Consumidor para establecer que las instituciones educativas privadas no puedan cobrar cuota por reinscripción a los estudiantes que continúan sus estudios en la misma institución.
La propuesta plantea que las instituciones educativas privadas puedan cobrar una cuota de inscripción solo a los alumnos de nuevo ingreso, y únicamente al inicio de cada nivel educativo, eliminando así el cobro por reinscripción o cualquier concepto similar.
Según la iniciativa, los cambios al artículo 151 de la Ley General de Educación también incluyen medidas para que las autoridades competentes intervengan si detectan aumentos injustificados en los costos de los servicios educativos o cobros indebidos de reinscripción. En esos casos, se notificará a las instancias correspondientes para que se apliquen las sanciones necesarias.
Además, se propone reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorgando a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los servicios educativos impartidos por particulares, conforme a la Ley General de Educación.
El diputado Borboa Becerra destacó que la finalidad de estas reformas es aliviar la carga económica de las familias al eliminar cuotas adicionales por reinscripción, que suelen coincidir con otros gastos escolares como colegiaturas, útiles, libros y uniformes. “La reinscripción es solo un trámite administrativo para continuar en el mismo programa educativo. No debería representar un costo adicional para las familias,” subrayó.
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El legislador explicó que, aunque las escuelas privadas operan como empresas con esquemas propios de cobro, estas deben respetar la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual regula los derechos de los usuarios y las obligaciones de los proveedores, evitando cobros injustificados.
Finalmente, la iniciativa enfatiza que las modificaciones propuestas no solo beneficiarán la economía de las familias, sino que también podrían incentivar un incremento en la matrícula de las escuelas privadas al hacer más accesibles sus costos. Esto permitiría a más estudiantes acceder a los servicios educativos impartidos por particulares.
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