Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) han presentado una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de suprimir la medida precautoria de arraigo.
La propuesta, que busca derogar el párrafo octavo del mencionado artículo, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Actualmente, este párrafo permite que la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, decrete el arraigo de una persona en casos de delincuencia organizada, bajo ciertas condiciones y con un plazo máximo de 40 días, prorrogables hasta un total de 80 días.
En la exposición de motivos, las y los legisladores de MC señalan que el arraigo, aunque previsto en la Constitución, viola derechos fundamentales como la libertad personal y de tránsito. Además, consideran que esta medida atenta contra principios esenciales del proceso penal, incluyendo la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, el derecho de defensa y la revisión judicial de la detención.
El arraigo, explican, es una figura pre-procesal, ya que se aplica antes de que inicie formalmente el proceso penal y sin contar con elementos suficientes para vincular a proceso a una persona. Esta característica, según los promoventes, facilita abusos por parte de las autoridades y coloca a las personas arraigadas en situaciones vulnerables que pueden derivar en tortura, tratos degradantes y violaciones a sus derechos humanos.
La iniciativa también subraya la poca utilidad práctica del arraigo en la investigación y esclarecimiento de delitos, apuntando a una tendencia decreciente en el número de solicitudes de arraigo presentadas por el Ministerio Público Federal en los últimos años. Esto, afirman, refleja que su aplicación es cada vez menos necesaria para la correcta impartición de justicia.
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La iniciativa está respaldada por las diputadas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Laura Hernández García e Iraís Virginia Reyes De la Torre, así como por los diputados Raúl Lozano Caballero, Gildardo Pérez Gabino, Pablo Vázquez Ahued y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez. Todos ellos coinciden en que el arraigo representa una práctica que debe eliminarse para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos en el país.
Con esta reforma, el grupo parlamentario de MC busca avanzar hacia un sistema de justicia penal más respetuoso de las garantías individuales, eliminando una medida que consideran obsoleta y contraria a los principios democráticos.
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