Propuesta de Reforma Constitucional para Reconocer Derechos Digitales y Ciudadanía Digital
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, perteneciente al partido Morena, presentó una propuesta para reformar diversos aspectos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su objetivo principal es el reconocimiento de los derechos digitales y el concepto de ciudadanía digital en el marco legal del país.
En un comunicado oficial, la diputada argumenta que la sociedad actual se encuentra cada vez más inmersa en el mundo digital, con el internet como un medio fundamental, especialmente resaltado durante la pandemia de Covid-19. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en México, aproximadamente 84.1 millones de personas son usuarios de internet, lo que representa el 72 por ciento de la población en el año 2020. Entre las actividades más comunes en línea se encuentran la comunicación, la búsqueda de información y el acceso a redes sociales.
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Chavira de la Rosa subrayó la existencia de una brecha digital en México que necesita ser reducida, la cual se manifiesta en distintos niveles. Destacó los esfuerzos del Estado para abordar esta problemática y señaló que el reconocimiento del derecho a la ciudadanía digital puede ser un paso importante en este sentido. Hizo referencia a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial en 2020, que define este término como la condición que identifica a una persona a través de medios digitales para llevar a cabo trámites, servicios y actos jurídicos y administrativos.
La diputada enfatizó la necesidad de modernizar el Estado y su interacción con los ciudadanos, especialmente en lo concerniente al acceso a internet, con un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar dicho acceso.
La iniciativa de reforma, que contempla modificaciones a los artículos 4o., 6o., 35 y 73 de la Constitución Política, establece que el Estado garantizará, además del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet. Además, se propone la digitalización de todos los actos administrativos derivados de las facultades del Estado, con el objetivo de procurar una tramitología digital eficaz y una base de datos con niveles de acceso diferenciados, que aseguren la seguridad y agilidad en los procesos.
Esta propuesta legislativa busca adecuar el marco jurídico mexicano a la realidad digital del siglo XXI, garantizando los derechos de los ciudadanos en el entorno digital y promoviendo una mayor inclusión y eficiencia en la administración pública.
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