El diputado Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una iniciativa que busca reformar el artículo 64 de la Ley de Migración, con el objetivo de otorgar al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de cancelar la residencia temporal o permanente a extranjeros que incurran en conductas de discriminación, abuso, violencia o desplazamiento contra la población mexicana.
La propuesta legislativa, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea como eje central la necesidad de establecer límites legales a los privilegios indebidos que, según el legislador, gozan algunos ciudadanos extranjeros, en particular los de nacionalidad estadounidense y, en menor medida, europea, en su estancia dentro del país.
En su exposición de motivos, Olivares Mejía advierte sobre un fenómeno creciente de actitudes de prepotencia y abuso por parte de ciertos residentes extranjeros, quienes —señala— aprovechan condiciones favorables de residencia y costos de vida, sin observar un comportamiento que respete la legalidad y la convivencia con la población local.
De acuerdo con datos citados por el legislador, en 2020 la población nacida en el extranjero y radicada en México ascendía a 1 millón 212 mil personas, de las cuales 797 mil eran estadounidenses, seguidas por nacionales de Guatemala, España y Francia. A esto se suma información más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en 2025 estima en 1.6 millones el número de estadounidenses viviendo en México.
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La iniciativa también enfatiza que estos flujos migratorios, aunque legítimos, no deben derivar en situaciones de inequidad, abuso o desplazamiento, ni generar tensiones sociales. Por ello, se propone que la Secretaría de Gobernación, como autoridad en materia migratoria —en congruencia con lo dispuesto en el artículo 18 de la misma ley—, pueda valorar e intervenir ante conductas que atenten contra la estabilidad social y el principio de reciprocidad entre países.
“El país ha ofrecido hospitalidad, y en esa medida, es indispensable que los migrantes extranjeros observen un comportamiento ejemplar, digno, recto y respetuoso hacia la comunidad mexicana”, concluye el documento.
De avanzar en el proceso legislativo, esta reforma abriría el camino para que el Estado mexicano sancione, con la pérdida de la residencia, a quienes vulneren derechos o la dignidad de las personas mexicanas, bajo el argumento de defender el principio de convivencia equitativa y pacífica entre nacionales y extranjeros.
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