La diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para incluir el acecho como delito en el Código Penal Federal, con sanciones que van de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas penas se duplicarían si la persona acechadora utiliza un arma, viola órdenes de protección o atenta contra personas especialmente vulnerables.
Cabe resaltar que la propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, busca incorporar este delito al Capítulo I del Código Penal Federal, bajo el artículo 259 Ter. Se define el acecho como la conducta de seguir, vigilar o comunicarse de manera persistente con una persona en contra de su voluntad, afectando su seguridad, libertad e intimidad. Para configurarse, el comportamiento debe ser reiterado, al menos en dos ocasiones, y provocar una alteración significativa en la vida de la víctima.
Asimismo, establece agravantes para aumentar las sanciones. Entre ellas se incluyen casos en los que el acecho se cometa contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o en situaciones de vulnerabilidad. También se castigará más severamente si se emplea una posición jerárquica para perpetrar el delito, como relaciones laborales, docentes o domésticas. Si la persona acechadora es servidora pública y utiliza su cargo para cometer el delito, se contempla la destitución y la inhabilitación para ocupar puestos públicos por el tiempo equivalente a la pena de prisión.
Adicionalmente, si el acecho deriva en daños físicos a la víctima o su familia, las penas podrían alcanzar hasta cinco años de prisión, sin perjuicio de las sanciones por delitos mayores como lesiones, homicidio o feminicidio.
La diputada Martínez García argumenta que esta propuesta responde a la necesidad de cerrar vacíos legales. Actualmente, el Código Penal Federal no contempla el acecho, a pesar de su creciente incidencia y de que puede escalar a hechos violentos. “Es imperativo permitir que esta conducta sea denunciada antes de que derive en tragedias, especialmente cuando trasciende fronteras estatales”, señaló en su exposición de motivos.
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Es importante mencionar que la propuesta busca ampliar el alcance de la justicia más allá de los límites territoriales, ofreciendo un marco jurídico que proteja a las víctimas de acecho, independientemente de sus características o circunstancias. Esta iniciativa se presenta como un paso importante para garantizar la seguridad y libertad de las personas frente a conductas persistentes y amenazantes.
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