En el Senado, las comunidades indígenas y afromexicanas han expresado su demanda de contar con mayor voz y voto en los asuntos que afectan a sus territorios, en el marco de las consultas para la elaboración de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta legislación busca garantizar el pleno ejercicio de sus derechos consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política.
Así lo dieron a conocer las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega y Susana Harp Iturribarría, presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, respectivamente, quienes subrayaron que las peticiones surgidas de las consultas comunitarias serán la base para la redacción del nuevo ordenamiento legal.
Durante la cuarta sesión del comité técnico para la elaboración de la propuesta de iniciativa, la senadora Celeste Ascencio informó que una de las principales exigencias de los pueblos originarios es que puedan intervenir en la renovación o cancelación de concesiones a empresas, especialmente si afectan el medio ambiente.
En el ámbito de la seguridad, advirtió que es necesario estar alerta ante posibles intentos de influir en las consultas mediante amenazas o incentivos económicos por parte de ciertos poderes fácticos.
Otra de las demandas clave de las comunidades es el respeto a sus usos y costumbres, así como la garantía de reparación o indemnización en caso de daños a sus territorios.
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El objetivo de esta ley secundaria es asegurar que los pueblos originarios y afromexicanos sean consultados antes de la implementación de cualquier iniciativa, medida administrativa o acción que pueda afectar sus territorios de manera directa o indirecta.
Por su parte, la senadora Susana Harp enfatizó que el propósito es que estas comunidades no solo sean escuchadas, sino que también tengan poder de decisión en los temas que impactan su vida cotidiana, asegurando que la nueva ley refleje y garantice todos sus derechos.
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