En el marco del 15º Foro Regional y cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el Poder Judicial, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, subrayó la necesidad de una reforma integral al Poder Judicial que incluya no sólo a jueces, magistrados y ministros, sino también a las policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos.
Guerra Castillo participó en este foro destacando la urgencia de establecer una agenda de seguridad y justicia que ofrezca certeza a la ciudadanía, proteja los derechos humanos y promueva una colaboración efectiva y coordinada entre las autoridades y los impartidores de justicia.
La diputada celebró la realización de estos encuentros a nivel regional y federal, especialmente en el contexto actual de discusión sobre la reforma del Poder Judicial. Enfatizó que el diálogo es esencial para construir puentes de entendimiento entre todos los poderes involucrados. “Estoy segura que los resultados alcanzados en este ejercicio serán de gran utilidad para toda esta discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, y que servirá para construir una reforma integral a la altura del Estado mexicano”, afirmó.
Guerra Castillo destacó que la seguridad pública y la impartición de justicia son pilares fundamentales de la democracia, cuyo correcto funcionamiento es crucial para mantener el Estado de derecho. Señaló que la percepción de inseguridad trasciende al Sistema de Justicia cuando los delitos quedan impunes, los procesos judiciales son largos y complicados, y las víctimas no reciben una reparación justa.
Enfatizó la relevancia de impulsar espacios de diálogo institucional para la reflexión y evaluación del sistema de seguridad y justicia. Este Encuentro Nacional, promovido por el Poder Judicial, se convierte en un ejercicio democrático y necesario para formular propuestas concretas en beneficio de la ciudadanía.
Durante su intervención, la diputada mencionó cifras alarmantes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2024 del Inegi, que revelan que el 61 por ciento de la ciudadanía considera inseguro vivir en su ciudad debido a la delincuencia. Además, el 69 por ciento se siente inseguro en cajeros automáticos, el 64 por ciento en el transporte público, el 54 por ciento en las carreteras y el 53 por ciento en los bancos. La cifra de delitos no denunciados alcanza el 92 por ciento, lo que agrava la impunidad.
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La Encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023 indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados ante un juez. Además, el 10 por ciento cree que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos; el 9 por ciento, que los policías no detienen a los delincuentes, y el 11 por ciento, que los jueces muchas veces liberan a los delincuentes.
Con estos datos, Marcela Guerra Castillo concluyó su participación subrayando la necesidad de una reforma integral que incluya a todos los actores involucrados en el sistema de seguridad y justicia, para garantizar una mayor eficacia y protección para la ciudadanía.
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