La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, se pronunció en contra de la reforma constitucional que busca reforzar la militarización de la Guardia Nacional, señalando que la seguridad pública del país debe seguir en manos de autoridades civiles. En una rueda de prensa, acompañada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, Ballesteros destacó la necesidad de evitar la militarización de la Constitución.
Durante el encuentro, organizaciones como Intersecta, Data Cívica y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), así como estudiantes de diversas universidades, presentaron análisis y argumentos en contra de la militarización de la seguridad pública. La diputada subrayó que las constituciones anteriores han sido cuidadosas en separar el poder civil del militar, y que ceder este control sería un riesgo para la democracia.
“Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, pero criticamos su intervención en funciones civiles. La seguridad pública debe rendir cuentas a la autoridad civil”, afirmó Ballesteros, quien advirtió que la aprobación de esta reforma representa una “aplanadora” en el Congreso, construida por una mayoría artificial.
Además, confirmó que su partido, Movimiento Ciudadano, no apoyará la reforma de la Guardia Nacional, argumentando que las estrategias de seguridad de los últimos gobiernos han sido fallidas. En lugar de militarizar el país, abogó por fortalecer las policías y las autoridades civiles.
Mónica Meltis Vejar, directora ejecutiva de Data Cívica, expresó su preocupación por los riesgos que esta reforma representa para los derechos humanos y la democracia. Jonathan De Vicente Encarnación, de MUCD, también alertó sobre el peligro de reformar el artículo 129 de la Constitución, que limita la intervención militar en tareas de seguridad.
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Estudiantes del movimiento Generación del 24 defendieron los valores democráticos y reiteraron que la seguridad pública debe seguir bajo control civil, con rendición de cuentas clara y efectiva. Concluyeron proponiendo un “bloque de paz” que permita construir un futuro próspero basado en el diálogo y en propuestas alineadas con estándares nacionales e internacionales de seguridad.
La reforma, actualmente en discusión en la LXVI Legislatura, enfrenta una creciente oposición por parte de diversos sectores, que exigen un debate más profundo sobre su impacto en la seguridad y la democracia del país.
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