Tras cumplirse 102 días sin poder sesionar de manera ordinaria por falta de quórum, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reiteró su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la resolución de la controversia constitucional 280/23 –interpuesta por este organismo garante en marzo, ante la falta de nombramientos de tres Comisionados por parte del Senado de la República– privilegie los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales de la sociedad.
En sesión extraordinaria, convocada en cumplimiento a una orden judicial, el Pleno actual hizo un posicionamiento público en el que destacó la necesidad de contar con sus siete integrantes y, en tanto se designa a los tres faltantes, se le permita sesionar para desahogar los más de 7 mil recursos interpuestos por personas que han visto vulnerados sus derechos.
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En este sentido, la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que confía en que el Máximo Tribunal de Justicia de México reconozca la pertinencia de que el Pleno del INAI cuente con una integración completa y pueda sesionar con quienes actualmente lo integran para emitir las resoluciones pendientes, pues advirtió que perder al INAI o dejarlo morir no solo implica retroceder más de 20 años en la materia, sino renunciar a nuestra democracia.
En tanto, el comisionado Adrián Alcalá Méndez refirió que el INAI funciona, sirve a la gente y garantiza dos derechos humanos que permiten consolidar a una sociedad democrática, por lo que espera que la SCJN apruebe, al menos, la autorización para que el Pleno del Instituto pueda sesionar con la integración actual.
“De ahí la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de emitir su determinación, considere la afectación real y actual que tienen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de todos los mexicanos que no pueden obtener una garantía total por parte del INAI, pero si bien se continúa dando trámite a sus quejas, la resolución de las mismas no puede ser emitida, en tanto que corresponde al Pleno la aprobación de las mismas”, planteó.
En su intervención, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas recordó que hasta el momento suman siete mil 53 recursos de inconformidad los que se han acumulado desde el primero de abril, y que permanecen sin resolver por falta de quórum en el Pleno, cuyos integrantes continúan defendiendo legalmente al organismo garante nacional, defensa a la cual se han sumado organizaciones de la sociedad civil que han presentado diversos amicus curiae.
“Es una lucha de 46 años, donde en 1977 pasaron 23 años para que por fin se diera, se materializara este derecho. Ahora estamos en riesgo, pero también estamos en la oportunidad que nos da la vida de defender este derecho, el derecho al acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales no es privativo de una persona, no dejemos que esto sea rehén en este país”, sentenció.
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