El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha dado entrada a cinco acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reciente reforma al Poder Judicial. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para revisar la enmienda constitucional que ha generado controversia.
A pesar de admitir las acciones, el ministro rechazó frenar la aplicación de la reforma, argumentando que “no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que de dicha disposición se advierte, claramente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma general, a diferencia de lo que sucede en la controversia constitucional”. Esto implica que la reforma seguirá en vigor mientras el caso se analiza.
El siguiente paso es la elaboración de un proyecto de sentencia por parte de Alcántara Carrancá, el cual será presentado a los ministros del pleno de la SCJN para su discusión. En este proceso, se ha ordenado a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los Congresos de los 32 estados y al Poder Ejecutivo Federal que rindan sus respectivos informes.
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Además, al Ejecutivo se le ha solicitado una copia certificada del Diario Oficial de la Federación, del 15 de septiembre de 2024, donde consta la publicación oficial de la enmienda.
Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene un plazo de 10 días naturales para emitir una opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos PAN, PRI, MC, así como por Unidad Democrática de Coahuila y diputados del Congreso de Zacatecas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar en un plazo de tres días naturales una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos que presentaron las impugnaciones, junto con la certificación de sus registros actuales y los nombres de los representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional.
Finalmente, los Congresos locales de los 32 estados deberán remitir los antecedentes relacionados con el decreto que avaló la reforma.
Esta decisión marca el inicio de un análisis profundo por parte de la Suprema Corte, en un contexto donde las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial han aumentado en torno a las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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