SCJN otorga a Chihuahua suspensión contra la distribución de los libros de texto de la SEP

La mandataria anunció que interpondría un amparo, como el promovido por Guanajuato, en donde un juez ordenó que se detuviera la distribución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó este viernes una suspensión al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en la entidad para el ciclo escolar 2023-2024.

La medida cautelar fue solicitada dentro de la controversia constitucional, con el expediente 400/2023, promovida por el gobierno de la panista Maru Campos, y que este viernes admitió a trámite la Suprema Corte.

Te puede interesar: Los nuevos libros de texto “están de la patada”: Enrique de la Madrid

El pasado 2 de agosto, la gobernadora de Chihuahua dijo que había instruido a la Secretaría de Educación y Deporte del estado a detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.

En entrevista a medios, la mandataria anunció que interpondría un amparo, como el promovido por Guanajuato, en donde un juez ordenó que se detuviera la distribución de los libros de la SEP.

“En Guanajuato se concedió un amparo justamente la semana pasada, yo no sé por qué se están repartiendo. Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaría de Educación estatal, de detener esta distribución de libros, bajo también la figura del amparo”, dijo.

Esta acción legal contra la distribución de los libros de la SEP en la entidad, se suma a la suspensión provisional obtenida por el diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez, el pasado 10 de agosto.

Con esa resolución se abrió la posibilidad de reimprimir ediciones pasadas de los libros de textos, o bien, utilizar otros materiales y herramientas educativas en las aulas, de acuerdo con lo mencionado por el legislador en un video publicado en redes sociales.

Previamente, el emecista había argumentado que los libros no cumplen con el mandato constitucional, ya que en el proceso de su realización se violó la legalidad al excluir a docentes, especialistas y padres de familia.