En un acto que ha desatado la indignación ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza en la construcción de un conjunto habitacional en un predio del balneario adscrito a la XXXIV Zona Militar, junto al histórico fuerte de San Felipe.
Sin permisos municipales ni estatales y con nula transparencia, la obra avanza a espaldas de la comunidad y en un área de alto valor ecológico.
Prestadores de servicios turísticos y asociaciones civiles han convocado a una manifestación pacífica este miércoles 19 de marzo a las 17:00 horas para exigir la suspensión inmediata del proyecto.
Posteriormente, ofrecerán una conferencia de prensa en la palapa del parque central, donde líderes como el empresario Sandro Ciccarelli, Melina Maravilla Romero, de la Asociación Civil Agua Clara, y María de Jesús Rodríguez Romero, dirigente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, fijarán su postura.
Daño ambiental y opacidad.
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Desde hace dos semanas, maquinaria pesada trabaja tras altas paredes de madera, ocultando un relleno con material pétreo en la zona.
Imágenes aéreas captadas con drones revelan la destrucción de áreas verdes y edificaciones que por décadas sirvieron como sitio de esparcimiento para oficiales y altos mandos. Sin consulta pública ni estudios ambientales visibles, la comunidad teme un impacto irreversible en el ecosistema lagunar.
Ante esta opacidad, ciudadanos han iniciado la recolección de firmas para enviar un documento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra; y al director del INAH, Diego Prieto Hernández.
En él, exigen que se esclarezcan los permisos de la obra y se detengan las intervenciones hasta confirmar su legalidad y viabilidad ambiental.
Un Pueblo Mágico bajo amenaza.
La incertidumbre crece entre los pobladores, quienes denuncian que no hay señalización sobre el proyecto, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una construcción de gran magnitud destinada al uso exclusivo de los mandos militares.
La obra, además, alteraría el paisaje que conecta visualmente la laguna con el fuerte de San Felipe, uno de los principales atractivos turísticos de Bacalar.
“De construirse una obra justamente en medio afectaría indiscutiblemente esa conexión y, por ende, su atractivo”, advierte el documento firmado por los ciudadanos inconformes.
Los habitantes exigen que se cumpla la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, aplicando medidas correctivas urgentes para evitar daños irreversibles.
La lucha por Bacalar está en marcha, y la comunidad no piensa quedarse de brazos cruzados.
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