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Sedena niega adeudo a transportistas en construcción del Tren Maya 

Dichas empresas fueron las encargadas de contratar de manera independiente los servicios de transporte, sin que el Ejército interviniera en estas transacciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó tener adeudo alguno con los transportistas que prestan servicio a la construcción del Tren Maya, una de las obras más emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En días recientes, la agrupación Transportistas Unidos denunció que se les deben 90 millones de pesos por el traslado de balasto, material esencial para la construcción de la vía férrea. Ante esta situación, realizaron un paro nacional que afectó múltiples autopistas que conectan con la Ciudad de México, generando caos y retrasos en el transporte. 

En respuesta a las acusaciones, la Sedena emitió un comunicado donde aclaró que el Cuerpo de Ingenieros Militares adquirió el balasto a través de empresas legalmente constituidas y que todos los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

Según la Sedena, dichas empresas fueron las encargadas de contratar de manera independiente los servicios de transporte, sin que el Ejército interviniera en estas transacciones. 

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Ante las quejas y el paro realizado por los transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizó una mesa de diálogo en Puebla con Transportistas Unidos, con el objetivo de deslindar responsabilidades y alcanzar acuerdos que eviten mayores conflictos. 

“La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene adeudo alguno. Con el afán de coadyuvar a encontrar una solución, la Dirección General de Ingenieros Militares contribuirá a evitar un problema que afecte a la población por bloqueos en diversas vías de comunicación y conciliará con las empresas contratantes, exhortándolas a que cubran sus adeudos”, señaló la Sedena en su comunicado. 

La construcción del Tren Maya, que se extiende por más de 1,500 kilómetros en el sureste del país, ha sido un proyecto prioritario para el actual gobierno, tanto por su impacto económico como social en la región. La resolución de este conflicto es crucial para asegurar la continuidad de las obras y evitar mayores afectaciones a la población y la economía del país. 

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