En el pleno del Senado de la República, legisladoras y legisladores discuten el dictamen que propone una reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución, con el objetivo de asegurar apoyos sociales como un derecho constitucional para personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca establecer un esquema de bienestar que abarque a sectores como adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, resaltó la importancia de elevar a rango constitucional los programas sociales, describiéndolos como derechos “inalterables, inalienables e inobjetables”. Según la legisladora, esta reforma es una de las iniciativas “más nobles” en la historia del Congreso, ya que “versa sobre el corazón del Estado”, garantizando la universalidad de los programas sociales sin importar afinidades políticas.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que esta enmienda representa “un paso gigantesco” hacia un Estado que prioriza los derechos sociales. En su intervención, aseguró que la reforma marca el fin de “36 años de exclusión neoliberal” al consolidar un Estado que pone la política social en el centro de la atención pública.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que los programas de bienestar se financiarán mediante los recursos recuperados de la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. Además, destacó que estos programas estarán blindados contra el uso electoral, ya que se garantizarán universalmente en la Constitución.
El dictamen propone un marco de desarrollo mínimo para personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo el derecho a una vivienda adecuada. La iniciativa también plantea que el gobierno federal y las entidades federativas otorguen una pensión no contributiva a personas con discapacidad menores de 65 años, así como una pensión universal para adultos mayores de 65 años.
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La reforma también contempla que el Estado garantice la rehabilitación para personas con discapacidad, priorizando a menores de 18 años. Además, establece un jornal seguro y apoyo anual para campesinos y pescadores, incluyendo fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos clave como maíz, frijol y leche.
Con esta reforma, el Senado busca consolidar un sistema de bienestar sostenible y con presupuesto suficiente, comprometiéndose a que los recursos asignados no se reduzcan en términos reales en comparación con el año fiscal anterior.
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