El Senado de la República llevó a cabo un Parlamento Abierto para discutir y analizar las reformas en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en respuesta a las inquietudes y comentarios presentados por diversas organizaciones civiles. La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos, con el objetivo de fortalecer el marco normativo en la materia.
El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, destacó que esta apertura al diálogo busca “orear” la discusión legislativa, fomentar el intercambio de ideas y garantizar la transparencia en el proceso de reformas. “Los vamos a escuchar con atención, porque estuvimos de acuerdo en abrir este espacio para recoger observaciones y propuestas. La idea es que en el diálogo y el intercambio encontremos fórmulas que nos permitan tener un mejor instrumento legal y una reforma sólida y enriquecida”, expresó el senador por Morena.
En el foro participaron expertos del sector financiero, jurídico y empresarial, quienes aportaron su visión sobre la propuesta de reforma. José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC y coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), subrayó la importancia de contar con una regulación robusta para evitar la introducción de recursos de origen ilícito al sistema financiero. Agregó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la “ley antilavado”, marcó un hito en la materia, pero requiere actualizaciones conforme a estándares internacionales.
Por su parte, Gabriel Ibarra Hernández, director de Cumplimiento Filiales de BBVA México y miembro de la ABM, indicó que la iniciativa debe fortalecer tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero. Explicó que los transitorios de la reforma deben precisar quiénes son los sujetos obligados para evitar duplicidades con la ley vigente.
Desde el ámbito contable, Francisco Ernesto Patiño Richarte, asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, propuso definir de manera clara a los sujetos obligados y establecer mecanismos de capacitación adecuados. Enfatizó que los capacitadores deben contar con certificaciones avaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que la legislación debe especificar en qué momento se considera realizado un acto u operación para prevenir el lavado de dinero.
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En tanto, Fernando Lascurain Farell, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos A.C., manifestó que la reforma debe garantizar la efectividad sin generar un incremento desproporcionado de obligaciones para las actividades y profesiones financieras no designadas. Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer presupuestalmente a la UIF, debido a su papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Con este ejercicio de Parlamento Abierto, el Senado avanza en la construcción de un marco normativo más eficiente y acorde a las necesidades del país, promoviendo el debate y la participación de actores clave en el combate a estos delitos.
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