La tarde de este miércoles 22 de febrero el Senado de la República aprobó el Plan B de la Reforma Electoral, con 72 a favor, 50 en contra y cero abstenciones, por lo que la iniciativa se remitirá al Poder Ejecutivo.
Además, con 70 votos a favor y 50 en contra, se apruebó acuerdo para remitir decreto al Ejecutivo Federal sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras, del dictamen en materia electoral.
En las intervenciones de los senadores destacan la de Xóchitl Gálvez, del Partido de Acción Nacional (PAN).
‘’Yo sí voy a marchar el próximo domingo porque voy a defender la democracia. Yo no les creo. Se quejan de que quieren ahorrar dinero, pero por qué no se quejan del desfalco que está ocurriendo Dos Bocas. A mi no me vean con cuentos de austeridad, son los reyes del cash, por eso voy a ir a defender la democracia’’, afirmó.
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Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se manifestó en contra de la reforma.
‘’Lo que aquí están haciendo es una inconstitucionalidad que habremos que demostrar en la Suprema Corte de Justicia. Como ejercen los cargos arbitrariamente, no les importa llegar de manera democrática. El sistema no es perfecto, nadie lo niegan, pero las reformas electorales se han construido con pluralidad y con la oposición’’, destacó.
¿Qué aspectos del Plan B de la Reforma Electoral se modificaron?
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron dejar fuera del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral la ‘cláusula de vida eterna’, relacionada con la transferencia de votos.
En días previos a la votación, aprobaron la minuta del proyecto por el que se reforman adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, se excluyó la llamada ‘cláusula de vida eterna’, ubicada en el artículo 12 de dicha ley, que permite la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios.
Además, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocidas como el Plan B de reforma electoral.
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