La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suscribieron un convenio para coordinar esfuerzos en la implementación de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este acuerdo establece las bases para la elaboración de la legislación secundaria y la armonización del marco jurídico necesario tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre.
Edith López Hernández, presidenta de la Comisión, destacó el carácter histórico de este convenio. “Es algo que nunca se había hecho. Durante años, nuestros pueblos han enfrentado el olvido, la discriminación y el racismo. Ahora, su derecho está plasmado en el artículo segundo constitucional. Este trabajo garantizará que la ley general no sea letra muerta, porque las comunidades serán protagonistas en su elaboración”, afirmó la senadora de Morena.
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, subrayó la relevancia del convenio como un ejemplo de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Explicó que se ha conformado un comité técnico integrado por el INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para avanzar en la creación de un primer borrador de la ley general. Asimismo, anunció que la reforma será traducida a las 68 lenguas indígenas y que se realizará una consulta con 70 pueblos indígenas y uno afromexicano en enero próximo para incorporar sus perspectivas y necesidades.
Por su parte, José Alberto López, de la Consejería Jurídica, señaló que la reforma reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, incluyendo el acceso a recursos públicos. “Históricamente, se les negaba esta posibilidad bajo el argumento de que no eran fiscalizables. Este proyecto marcará un cambio profundo en esa narrativa”, aseguró.
Te recomendamos: Diputados prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito
La senadora Beatriz Mojica Morga hizo un llamado para que las comunidades afromexicanas sean visibilizadas y priorizadas en la legislación secundaria. “No podemos permitir que queden relegadas a un segundo plano. Son fundadoras de nuestra República, como lo demuestra Vicente Guerrero. La inclusión debe reflejarse también en el presupuesto”, enfatizó.
El convenio prevé que el proceso legislativo cuente con la participación activa de las comunidades, reafirmando el compromiso de ambas instancias por respetar y promover sus derechos. Con un plazo de 180 días para presentar la ley general y armonizar el marco jurídico, se espera que este esfuerzo siente las bases para un México más inclusivo y equitativo.
Más historias
Estrategia de Seguridad da resultados: reducción del 18.1% en homicidios dolosos
Diputados prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito
Sheinbaum firma decreto para la creación de la Universidad Rosario Castellanos