El sistema de audiencias por telepresencia con el que cuenta el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, además de evitar la propagación de contagios de Covid-19, permitió al sistema procesal penal acusatorio salvaguardar los derechos tanto de víctimas como de procesados en medio de la contingencia sanitaria, y con ello que no hubiese impunidad.
Así lo aseguró el juez del sistema procesal penal acusatorio del órgano judicial capitalino, Sergio Acevedo Villafuerte, quien precisó que las audiencias por telepresencia están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales como forma de llevar a cabo la recepción de medios de prueba y demás actos procesales.
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Recordó que actualmente el PJCDMX cuenta con la infraestructura tecnológica que le permite enlazar la comunicación entre las salas de oralidad con los centros de reclusión, y planteó la necesidad de dar mayor auge a esta modalidad, ya que también hace factible reducir gastos importantes, como el relativo al traslado de los procesados de un centro penitenciario a salas de oralidad.
El impartidor de justicia comentó que, en ocasiones, los traslados de los imputados han llegado a demorar hasta tres horas. “Tenemos casos que más de tres horas hemos estado esperando el traslado de una persona (y el sistema de telepresencia) implicaría que de manera inmediata se puedan llevar a cabo las audiencias sin esperar tanto tiempo”, comentó.
Acevedo Villafuerte abundó que la infraestructura del órgano judicial instalada permite que, mediante la transferencia de un software a aparatos como teléfonos móviles y equipo de cómputo, se hayan efectuado audiencias en recintos incluso ajenos a la institución, como hospitales, por hallarse internada una de las partes.
Comentó que el sistema de audiencias por telepresencia permite incluso hoy en día la propagación del Covid-19, pues aseguró que aún se mantienen los contagios.
Con el sistema, abundó, se tutelaron no solamente los derechos de los imputados e internos, sino que, además, con la pandemia, no se puso en riesgo a los ministerios públicos, defensores y al personal del PJCDMX, y no se soslayaron las situaciones legales y jurídicas de las personas detenidas.
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