La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ha admitido un preocupante incremento en el delito de extorsión en todo el territorio nacional, afectando tanto el patrimonio como la seguridad de la población.
Durante una sesión en Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez respaldó la propuesta presidencial de considerar la extorsión como un delito grave, con el objetivo de evitar que los delincuentes obtengan fácilmente su libertad, tal como sucede en la actualidad.
Ejemplificó este aumento al destacar que en enero de este año, en comparación con el mismo mes del año anterior, se registró un incremento del 7.7% en este tipo de crimen.
“Actualmente en el país estamos presenciando un incremento en el número de extorsiones. Este delito causa un gran daño a la sociedad, afectando tanto su patrimonio como su seguridad. Durante enero de este año, por ejemplo, hubo un aumento del 7.7% en la comisión de este delito en comparación con el mismo mes de 2023, según datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, afirmó Rodríguez Velázquez.
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La titular de Seguridad detalló que la iniciativa de ley para tipificar la extorsión como delito grave busca abordar diversas modalidades de este crimen, que van desde el engaño telefónico hasta el cobro de piso, pasando por amenazas, “montachoques” y “montadeudas”.
Además de la modificación constitucional propuesta, Rodríguez Velázquez indicó que se busca reformar la ley contra la delincuencia organizada para incorporar el delito de extorsión, lo que permitiría desmantelar y procesar a los grupos delictivos que operan con este fin.
“Se contempla sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que, aunque no son estrictamente extorsión, están vinculadas con este delito. También se pretende unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas”, agregó.
Finalmente, Rodríguez Velázquez expresó su confianza en que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán receptivos a esta iniciativa, que tiene como objetivo el bienestar y la protección de la población.
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