En el marco de la “Segunda reunión de colaboración institucional con las salas regionales”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el director de Proyectos de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP) en México, Alejandro González Arreola, presentó la Métrica de Justicia Abierta, la cual ofrece una radiografía sobre la apertura de las instituciones que integran el ecosistema de justicia en México.
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Esta métrica considera como parte del ecosistema de justicia a las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así como de la protección de acceso a la justicia y de los derechos humanos en los órdenes federal y estatal.
En el evento, el director de WJP México intercambió puntos de vista con magistradas y magistrados de las seis salas del TEPJF sobre el impacto de este modelo. Luego de reconocer que los tribunales son parte fundamental en este sistema, González Arreola agregó que el enfoque de esta medición de la justicia abierta se centra en los cuatro pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
Tras señalar que el TEPJF es uno de los principales impulsores de la justicia abierta a nivel nacional e internacional, Alejandro González destacó que México cuenta con un sistema de transparencia sólido, al tener una de las mejores leyes de transparencia, así como un órgano garante que tiene facultades y atribuciones sobre los órdenes de gobierno y que goza de autonomía constitucional.
Por otra parte, manifestó que el reto está en identificar la mejor vía para lograr la colaboración entre las instituciones de justicia electoral y la ciudadanía, puesto que esto es lo que puede facilitar y generar avances significativos en los procesos de rendición de cuentas.
Se concluyó que el enfoque de gobierno abierto aplicado en la justicia significa ir más allá de abrir las ventanas al escrutinio, para abrir las puertas y colaborar con la ciudadanía. El impulso que sigue se debe centrar en que la transparencia y la participación ciudadana sean herramientas que permitan llegar a resultados de utilidad social. En especial, generar un beneficio diferenciado que permita una colaboración ciudadana-institucional y una mejor rendición de cuentas. Solo con estos esquemas es que, en las democracias resilientes, se resuelven los problemas públicos de manera plena.
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