A través del presente comunicado el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPyOD), informa a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general, que el 19 de noviembre de 2021 se interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, asignándole el No. D-564/2021, en donde se hace constar una NULIDAD derivada de una Asamblea General en donde se eligió al Comité Electoral, órgano interno transitorio responsable de llevar a cabo la Asamblea de Elecciones para renovar al Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes para el periodo 2022-2025 del STSPEPyOD.
Como consecuencia de este acto jurídico se interpusieron diversos amparos, sobreviviendo solo tres, los cuales dieron cumplimiento y causaron efecto hasta el día 18 de agosto del presente año, dejando viva la Demanda No. D-564/2021, ya que a partir del 1 de enero de 2022 no se cuenta con representación legal de un Comité Ejecutivo, así como de sus representaciones, dejándonos en estado de indefensión.
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Es importante hacer notar que, durante todo ese tiempo, se ha respetado la vía legal, evitando manifestaciones que dañen la imagen del trabajador de gobierno estatal sindicalizado con la ciudadanía.
Asimismo, se destaca que el responsable de dar una respuesta legal y que hasta la fecha no la ha hecho, es el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, instancia que hasta el momento no da la cara, ocultando la demanda No. D-562/2021 y no ha querido dar respuesta, ya que esta demanda favorece y deja firme la NULIDAD, es decir, obliga a la base trabajadora a que en pleno ejercicio de la autonomía sindical convoquen a Asamblea General y lleven a cabo el proceso de elección a una dirigencia LEGITIMA basada en el voto libre, secreto, personal e intransferible, evitando la imposición del C. Jhovani Oliver Gallo quien hasta el día de hoy no es trabajador de base del gobierno estatal.
Dicha imposición fue hecha por el Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes del periodo 2018-2021, emanada de la imposición del gobierno panista de Tony Gali, dejando sin incremento salarial los años 2021, 2022 y 2023, ocasionando un deterioro en el poder adquisitivo en la economía del trabajador de base estatal.
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