En los últimos siete años, 14 mil 531 personas han solicitado en la Ciudad de México la voluntad anticipada, un mecanismo legal que permite a los ciudadanos aceptar o rechazar tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad avanzada o terminal.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina, entre 2018 y 2024 se han registrado un promedio de dos mil peticiones anuales, con ocho mil 423 solicitudes realizadas a través de documentos notariales y seis mil 108 mediante formatos en hospitales públicos y privados.
¿Qué es la voluntad anticipada y cómo se tramita?
El programa de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos, dirigido por Cecilia Palacios Ávila, permite a los ciudadanos tomar decisiones sobre su atención médica en el futuro. El trámite se puede realizar de dos formas:
- Documento notarial: Se gestiona ante una notaría pública con un costo de mil 800 pesos para adultos y 850 pesos para personas de la tercera edad.
- Formato hospitalario: Se realiza en hospitales públicos, privados o institutos nacionales de salud sin costo, pero requiere que la persona padezca una enfermedad incurable.
La voluntad anticipada, aprobada en 2008 bajo la administración de Marcelo Ebrard, no tiene caducidad y puede ser modificada en cualquier momento según la voluntad del solicitante.
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Eutanasia en la agenda legislativa.
El 30 de octubre, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para legalizar la eutanasia, argumentando que quienes enfrentan sufrimientos extremos deben tener el derecho a decidir sobre su vida.
Según la legisladora, la diferencia entre la voluntad anticipada y la eutanasia radica en que esta última es una decisión inmediata, para la cual se propone un proceso de evaluación psicoemocional que garantice que el paciente esté en pleno uso de sus facultades.
Además, indicó que la eutanasia se aplicaría mediante inyecciones letales y afirmó que encuestas recientes muestran que el 70 % de los capitalinos aprueban su legalización. La propuesta será discutida con la Secretaría de Salud y la bancada mayoritaria de Morena en 2025.
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