El empresario cafetalero Pedro Pérez Olvera reveló una serie de irregularidades en la ratificación de Ricardo Ojeda Gándara como juez penal en la Ciudad de México, quién tiene dos procesos penales en su contra por delitos contra la administración de la justicia.
A través de un escrito público, Pérez Olvera refirió que la designación de Ojeda Gándara estuvo a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Recordó que a Ojeda Gándara se le dictó auto de formal prisión en el juzgado 18 Penal del Reclusorio Oriente, a cargo de la juez Margarita Bastidas Negrete Quindío, por delitos contra la administración de la justicia, dentro de la causa penal 78/04.
Detalló, dicho proceso está relacionado con una sentencia absolutoria favor de Carlos Modesto Zardaín Herrerías.
Apuntó, «resulta que la juez Margarita Bastidas Negrete no ordenó su aprehensión para que fuera internado en el Reclusorio Oriente cómo lo marca la ley, por ser un delito grave que tiene como penalidad de 4 a 10 años de prisión y todo por favorecer a su colega”.
Indicó, «una situación similar se registró en el proceso penal contra Ojeda Gándara también radicado en el Juzgado 23 penal del Reclusorio Oriente, a cargo del juez Antonio Cortés Mayorga.
El impartidor de justicia dictó formal prisión contra Ojeda Gándara por el delito contra la administración de la justicia por la sentencia absolutoria que dictó a favor de Rafael Zardaín Herrerías dentro de la causa penal 250/2005.
Mencionó, al igual que el caso anterior, el juez Cortés Mayorga no ordenó su detención de Ojeda Gándara, quien ahora fue ratificado como juez penal de la capital.
Manifestó, fuimos víctima de un fraude cometido por los hermanos Modesto, Rafael, Ricardo y Víctor Manuel, todos de apellido Zardaín Herrerías, por un monto de un millón 300 mil dólares (equivalente a poco más de 17 millones de pesos).
Aseveró, «en una larga batalla legal, se ha tenido que luchar contra decisiones de jueces que han favorecido a los hermanos Zardaín Herrerías. Yo no yo no creo que el presidente del tribunal de justicia no supiera de la clase de Juice corrupto que se encuentra en el tribunal”.
Comentó, “de una u otra manera se ha participado en el caso de los hermanos Zardaín Herrerías, tanto en juzgados capitalinos como federales que ha emitido sentencias tendientes a favorecer a los defraudadores».
Detalló, jueces como Raúl Ayala Casillas, Antonio Acosta Galán y Alicia Solorio Suarez, resolvieron la libertad de Víctor Manuel Zardaín Herrerías. A dicho magistrados se les denunció en la Fiscalía capitalina, dentro del expediente DGSP/130/98
Así como a los magistrados de la Quinta Sala Penal Ana Marcela Pasquel De Zurita, Salvador Avalos Sandoval, Sergio Torteya, quienes dictaron sentencia en la que confirman la libertad de Rafael Zardaín Herrerías.
Expuso, los magistrados alegaron la prescripción del delito, lo cual no es verdad.
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“Por todo lo anterior se podrán dar cuenta hasta dónde llega la corrupción hay en el Tribunal Superior de Justicia”.
La denuncia lleva más de tres décadas y sigue sin haber justicia para el empresario.
El afectado presentó formal denuncia, en febrero del 1991, en contra de los hermanos Zardaín Herrerías por el delito de fraude genérico.
Fue así como la averiguación previa se erradicó ante la juez 40 penal del Reclusorio Norte, quien ordenó girar la orden de aprehensión en la causa penal 15/93 en contra de todos los hermanos Zardaín.
En junio de 1993 fue detenido Víctor Manuel Zardaín Herrerías, el cual fue puesto a disposición del juez por ministerio de Ley, Gómez Sandoval, quien por instrucciones del magistrado, Raúl Ayala Casillas tenía preparado auto de libertad a favor de Víctor Manuel Zardaín Herrerías.
Posteriormente Sara Patricia Orea Ochoa quien el primero de julio de 1993, fue nombrada como juez del juzgado 40 penal y al enterarse del contenido de lo que había preparado el juez, por Ministerio de ley, la Juez Sara Patricia Orena Ochoa dictó auto de término constitucional.
Mismo que termina con la formal prisión de Víctor Manuel Zardaín Herrerías por ser probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico continuado.
Al continuar con los avances en la investigación el l 7 de septiembre de 1993, los magistrados de la entonces Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en el Toca 447/93, Raúl Ayala Casillas, Alicia Solorio Suárez y Roberto Antonio Acosta Galán resolvieron revocar el auto que dictó la juez Sara Patricia Orea Ochoa y ordenaron la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley en favor de Víctor Manuel Zardaín Herrerías.
“Por lo anterior, da inicio el modus operando de los magistrados en presuntos actos de corrupción del Tribunal Superior de Justicia, en el que se resuelven libertades que solamente los delincuentes de cuello blanco consiguen obtener de magistrados que incurren en actos de corrupción, porque ellos bien sabían que los hermanos Zardaín Herrerías tenían mucho dinero con el que podían corromper a los jueces para obtener si libertad, porque tan solo con el fraude en contra del Banco del Pequeño Comercio y el fraude contra, el denunciante Pedro Pérez Olvera, los hermanos Zardaín tenían 17 mil 300 millones de dólares en su bolsa.
“Magistrados como estos les interesa más defender a delincuentes de cuello blanco que a las víctimas que son las que sufren el daño”, señala el empresario cafetalero.
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