Más de siete décadas de que las mujeres mexicanas conquistaran el derecho a votar y ser electas en el ámbito federal, su presencia en los espacios de decisión pública muestra una transformación histórica.
Hoy, el reto no consiste únicamente en abrir las puertas de la política, sino en garantizar que las mujeres puedan ejercer el poder en condiciones de igualdad.
En este contexto, Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), figura en la agenda de fortalecimiento de los gobiernos locales, donde la participación de las mujeres representa un componente fundamental para construir instituciones más incluyentes y cercanas a la ciudadanía.
Las cifras disponibles permiten dimensionar el cambio. De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre de 2026, México cuenta con 718 mujeres al frente de presidencias municipales y alcaldías, mientras que 13 de las 32 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno están encabezadas por mujeres, lo que equivale al 40.6 por ciento de estos cargos ejecutivos estatales.
El crecimiento contrasta con décadas en las que la participación femenina estuvo limitada por barreras legales, sociales y políticas.
Sin embargo, el avance numérico también obliga a revisar qué condiciones enfrentan las mujeres una vez que llegan al gobierno y qué mecanismos existen para garantizar que ejerzan sus responsabilidades sin discriminación ni violencia.
De la conquista del voto a la representación política
El 17 de octubre de 1953 quedó marcado en la historia nacional con la publicación de la reforma constitucional que reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser electas en las elecciones federales. La conquista fue resultado de una lucha prolongada por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos.
Desde entonces, el camino ha estado acompañado por reformas electorales y constitucionales que buscan reducir las desigualdades en el acceso a los cargos públicos. Entre ellas destaca la reforma de 2019 conocida como Paridad en Todo, que estableció el principio de integración paritaria en distintos espacios de decisión pública.
Este proceso ha permitido ampliar la presencia femenina en congresos, gobiernos estatales y administraciones municipales. No obstante, los avances no se han distribuido de manera uniforme entre todos los niveles de gobierno.
El ámbito municipal continúa siendo uno de los principales desafíos. Aunque 718 mujeres encabezan presidencias municipales y alcaldías, la representación femenina todavía se encuentra lejos de alcanzar la mitad de estos cargos en el país.
El desafío de convertir la paridad en igualdad sustantiva
Para el INAFED, organismo de la Secretaría de Gobernación dedicado al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales, la profesionalización de las administraciones públicas y la mejora de la gestión local forman parte de los instrumentos necesarios para impulsar instituciones más incluyentes.
La participación de las mujeres en los ayuntamientos debe traducirse en condiciones efectivas para tomar decisiones, administrar recursos, diseñar políticas públicas y atender las necesidades de sus comunidades.
La representación, por sí sola, no garantiza que desaparezcan las prácticas discriminatorias ni los obstáculos para ejercer el poder.
En septiembre pasado, el INE advirtió que, pese a los avances alcanzados en materia de paridad, persisten retos importantes en las presidencias municipales y alcaldías.
La violencia política contra las mujeres por razón de género también constituye un problema que requiere prevención, atención y sanciones efectivas.
Por ello, el fortalecimiento institucional debe acompañarse de medidas que permitan a las funcionarias desempeñar sus responsabilidades con autonomía, seguridad y acceso equitativo a los recursos públicos.
Una democracia que todavía tiene tareas pendientes
La conmemoración de los 73 años del voto femenino representa una oportunidad para reconocer a las mujeres que impulsaron la ampliación de los derechos políticos y recordar que la democracia no se construye únicamente mediante elecciones, sino también a través de instituciones que garanticen la participación efectiva de toda la población.
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La presencia de más mujeres en gubernaturas y presidencias municipales constituye un cambio relevante en la vida pública mexicana. Sin embargo, el desafío consiste en consolidar ese avance, eliminar las barreras que aún persisten y asegurar que las decisiones de gobierno respondan a las necesidades de la sociedad sin distinciones de género.
En ese horizonte, la labor del INAFED y de los gobiernos locales adquiere especial relevancia: fortalecer las capacidades institucionales, promover una administración pública profesional y contribuir a que los municipios sean espacios donde los derechos se ejerzan plenamente.
A 73 años de la conquista del voto femenino, México puede reconocer el camino recorrido, pero también debe asumir que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea en construcción. El objetivo final no es solamente que más mujeres lleguen al poder, sino que puedan ejercerlo con libertad, seguridad y las mismas oportunidades que los hombres.
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