La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado, presidida por la senadora Edith López Hernández, concluyó la elaboración del proyecto de la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una propuesta legislativa integral que busca saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y afromexicanos del país.
Durante la sesión de trabajo celebrada este miércoles, la senadora López Hernández explicó que el siguiente paso será la realización de una consulta nacional, coordinada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de 70 asambleas regionales. Hizo un llamado a los integrantes de estas comunidades a mantenerse atentos a las convocatorias, con el objetivo de que participen y hagan suyas las disposiciones de esta ley.
El proyecto legislativo está conformado por 471 artículos distribuidos en ocho libros, además de un apartado de disposiciones preliminares. Su propósito central es promover, respetar, proteger, garantizar e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La senadora detalló que los primeros tres libros del proyecto establecen los principios, bases y procedimientos para que los pueblos y comunidades ejerzan plenamente su autonomía, su libre determinación y su carácter jurídico ante el Estado mexicano. El segundo libro desarrolla los fundamentos constitucionales y procedimientos necesarios para hacer efectiva la autogestión y el autogobierno en los ámbitos y niveles que decidan las propias comunidades.
El cuarto libro establece las medidas específicas para garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y migrantes indígenas y afromexicanos, a través de acciones afirmativas que reconozcan su contexto particular. Por su parte, el quinto libro aborda la protección de personas migrantes indígenas dentro y fuera del país, incluyendo políticas públicas que atiendan a la niñez y juventud migrante en áreas como educación y nutrición, así como la defensa de sus derechos humanos. También establece disposiciones para personas jornaleras agrícolas y aquellas con discapacidad.
El sexto libro define el marco legal y los procedimientos para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, asegurando la participación equitativa y representativa de los pueblos en los asuntos del Estado. En el séptimo se plantea la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, además de establecer mecanismos de coordinación con las comunidades indígenas y afromexicanas para impulsar su desarrollo integral y sostenible.
Finalmente, el octavo libro determina las responsabilidades y sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que incumplan con las disposiciones de la ley.
Durante la misma sesión, la Comisión aprobó también dos dictámenes relevantes. El primero reforma la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para reconocer como patrimonio el acervo bibliográfico en lenguas indígenas en sus diferentes formatos. El segundo modifica la fracción III del mismo artículo, con el fin de fomentar el uso cotidiano y la preservación de las lenguas indígenas nacionales a través de tecnologías de información y comunicación.
Te recomendamos: Cooperativas de limpieza dignifican el trabajo en edificios públicos
Más tarde, en conferencia de prensa, la senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura e integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, anunció que este proyecto se fortalecerá en los próximos meses con la participación directa de los pueblos y comunidades. Subrayó que esta ley reconoce derechos colectivos como el acceso a la justicia con pertinencia cultural, el derecho al territorio y la consulta libre, previa e informada.
Por su parte, la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Comisión, destacó que esta legislación representa un paso firme para garantizar los derechos de los pueblos originarios del país. “No será letra muerta, sino un marco jurídico con un verdadero potencial transformador”, afirmó.
Con la conclusión de este proyecto de ley, el Senado avanza en la consolidación de un marco legal incluyente, intercultural y con enfoque de derechos humanos, que busca corregir siglos de exclusión y dar lugar a una nueva etapa de reconocimiento, respeto y fortalecimiento institucional de los pueblos indígenas y afromexicanos en México.
Más historias
Sheinbaum defiende soberanía en Puebla
México y EU acuerdan medidas para fortalecer el transporte aéreo
Bazares cooperativistas impulsan economía solidaria