La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y otras normativas de seguridad que se discuten en el Congreso.
El organismo advirtió que dichas leyes consolidan una “naturaleza militar indebida” en tareas de seguridad pública y otorgarían facultades de investigación e inteligencia sin contar con controles democráticos ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
También alertó sobre el riesgo de vulnerar el derecho a la privacidad, puesto que se prevé que las Fuerzas Armadas procesen información sensible sin salvaguardas adecuadas, lo que, según la ONU, contraviene el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El organismo subrayó que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles, estar sujeta a supervisión democrática, incluir debate público amplio y respetar los derechos fundamentales.
Varias organizaciones civiles y académicos han respaldado esta crítica, advirtiendo que estas reformas podrían legalizar prácticas de vigilancia intrusiva sin orden judicial y ampliar aún más la militarización del país.
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