Tras un mes de redadas sostenidas desde el 6 de junio en el área metropolitana de Los Ángeles, impulsadas por ICE y CBP bajo la administración Trump, la ciudad —con cerca de un millón de indocumentados— se ha convertido en epicentro de la resistencia migrante.
Se calcula que entre el 6 y el 22 de junio fueron arrestadas al menos 1 618 personas, muchas en operativos realizados por agentes encapuchados y en vehículos no identificados que activaron protestas inmediatas.
Las manifestaciones, que han incluido uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, dejaron arrestados y heridos, además de desencadenar una militarización sin precedentes: más de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional, 700 marines y tropas federales en apoyo.
La ola represiva generó una ola de solidaridad: la comunidad migrante, activistas y organizaciones como Unión del Barrio y CHIRLA han patrullado barrios, emitido alertas y elevado demandas legales.
En paralelo, la Conferencia del Episcopado Mexicano y autoridades diplomáticas han pedido respeto al debido proceso, especialmente ante el impacto emocional en familias y menores, muchos de los cuales dejaron de ir a la escuela por miedo.
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