La administración federal ha iniciado una profunda investigación contra varias empresas que presuntamente están involucradas en la importación ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México, evadiendo controles aduaneros y regulaciones oficiales.
Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que “en un Estado de derecho, todo negocio, especialmente una gasolinera, debe cumplir con la ley”.
Empresas señaladas por importación irregular.
De acuerdo con un informe de un diario de circulación nacional, las empresas Lambrucar, Ingemar S.A. de C.V., Belar Fuels e Industriales Fundentes con sede en Saltillo, Coahuila, están en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Estas compañías habrían tejido una red para trasladar, almacenar y comercializar combustible importado de forma ilícita. La operación fue detectada recientemente gracias a un operativo del gabinete de seguridad federal.
Permisos irregulares y subdeclaración del combustible
La mandataria federal cuestionó:
“¿Qué empresa exportó de Estados Unidos a México? ¿Qué empresa importó? ¿Por qué los pedimentos no estaban en regla? ¿Por qué decían que era menos combustible del que en realidad era? ¿Y quién lo comercializa aquí?”
Estas interrogantes apuntan a una estrategia de subdeclaración para evadir impuestos y regulaciones, así como a la falta de permisos adecuados para la importación de hidrocarburos.
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Sheinbaum enfatizó que todo aquel que importe combustible debe tener sus permisos en regla y cumplir con normas ambientales, de seguridad civil y de comercialización:
“No se puede hacer trampa en la bomba para vender litros que no son litros”, advirtió.
Asesoría y legalidad, no persecución
Pese al endurecimiento en la vigilancia, Sheinbaum aclaró que el gobierno mantiene mesas de trabajo con empresarios gasolineros para facilitar trámites y ofrecer asesoría.
“Hay una cantidad de colas de permisos para gasolineras tremenda… pero tienen que estar en orden”.
Condenas ejemplares por robo de hidrocarburos.
En un caso relacionado, cinco exfuncionarios de Pemex, implicados en delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, fueron sentenciados a hasta 31 años de prisión. Entre ellos, el coronel de infantería Emilio Cosgaya Rodríguez y otros colaboradores del general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, actualmente en proceso de extradición desde Canadá.
La jueza adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México dictó las sentencias con base en pruebas de su participación en la red criminal dentro de la paraestatal.
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