Con el objetivo de construir una política social estructural que garantice el derecho a la vivienda, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo el diálogo sectorial “Jóvenes afectados en su derecho a la vivienda por la especulación inmobiliaria”, organizado por la Secretaría de Vivienda y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Esta actividad forma parte de los foros abiertos del Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible, con identidad y arraigo local”, iniciativa con la que se busca enfrentar de manera integral los efectos de la gentrificación en la capital.
Ante jóvenes estudiantes, trabajadores, colectivos y organizaciones sociales, Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Vivienda, reiteró el compromiso del gobierno que encabeza Clara Brugada Molina de construir un estado de bienestar que desmercantilice la vivienda y ponga el derecho a habitar la ciudad por encima de intereses inmobiliarios. “La ciudad no se puede entender como una mercancía. La política de vivienda no se resolverá viéndola como un negocio, como ocurrió entre 2012 y 2018, lo cual generó daños profundos a la ciudad”, afirmó.
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Desde las instalaciones del Instituto de Vivienda, Muñoz Santini sostuvo que el gobierno capitalino no comparte la visión que considera la gentrificación como un proceso inevitable. Por el contrario, afirmó, se busca fortalecer la comunidad democrática e incluyente, garantizar el derecho a crecer, estudiar y habitar con justicia y equidad.
El funcionario subrayó que el Bando 1 propone acciones concretas frente al incremento desmedido de las rentas, que en algunos casos ha alcanzado hasta un 200% anual. Entre los ejes de esta estrategia están:
- Establecimiento de un índice de precios de alquiler razonable en zonas de alta tensión inmobiliaria.
- Regulación de la vivienda de corta estancia mediante plataformas digitales.
- Creación de una Defensoría de los derechos inquilinarios.
- Combate a la especulación inmobiliaria junto al sector privado.
- Promoción del comercio local.
- Creación del Observatorio de Suelo y Vivienda.
- Desarrollo de un Plan Maestro para regular zonas en riesgo de gentrificación.
Muñoz Santini reconoció que la juventud ha sido uno de los sectores más impactados por la crisis de acceso a la vivienda y planteó que es deber del Estado garantizar condiciones de vida dignas: desde vivienda accesible hasta salarios justos, seguridad social y pensiones. “Se trata de construir una nueva realidad que nos permita vivir mejor”, concluyó.
Durante el foro, Jerónimo Díaz Marielle, sociólogo e investigador, propuso que el Instituto de Vivienda (INVI) funcione como aval para jóvenes que llegan a estudiar a la ciudad y que se promueva la construcción de vivienda social cerca de los centros universitarios. También planteó la importancia de encuestas que permitan conocer la situación de la vivienda pública, su comercialización, envejecimiento y formas de convivencia.
Por su parte, Bianca López, fundadora de la organización Comuna Hogar, celebró la emisión del Bando 1 como una herramienta clave para que las y los jóvenes accedan a una vivienda digna sin verse forzados a abandonar la ciudad. Destacó especialmente la promoción de la Ley de Rentas Justas, que —señaló— permitirá consolidar derechos para los sectores prioritarios más allá de la administración actual.
La abogada y especialista en derechos humanos Silvia Emanuelli subrayó que siete de cada diez jóvenes jefes de hogar en la capital pagan renta, lo cual hace urgente la implementación de esquemas de vivienda pública en renta. Apuntó que los contratos anuales impiden el arraigo, y llamó a impulsar contratos multianuales, incentivos fiscales para propietarios que los ofrezcan y un marco legal que regule precios, desalojos arbitrarios y garantías excesivas.
En el segundo diálogo sectorial también participaron Máximo Jaramillo Molina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y otros especialistas en vivienda, quienes coincidieron en que las propuestas del Bando 1 representan un paso importante hacia una ciudad más justa y habitable.
A través de este tipo de espacios de diálogo y reflexión, el gobierno capitalino busca construir consensos que permitan garantizar el derecho a la vivienda como parte esencial del derecho a la ciudad, especialmente para los sectores históricamente excluidos, como las juventudes.
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