En un acto simbólico realizado en la explanada del Monumento a la Revolución, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de más de 7 mil 700 tarjetas del programa Ingreso Ciudadano Universal, destinado a personas de entre 57 y 59 años, con lo que la capital del país se consolida como la entidad con la red de protección social más amplia de México.
“En la Ciudad de México contamos con programas sociales desde el primer aliento hasta el último suspiro. Tenemos la política social universal más importante del país, y yo creo que también a nivel internacional”, aseguró Brugada, al destacar que este esquema convierte a la ciudad en la primera del país en reconocer y apoyar a un sector de la población que aún no es considerado legalmente como adulto mayor.
La mandataria subrayó que todos los programas sociales de la capital están reconocidos como derechos en la Constitución local, la cual —dijo— es una de las más progresistas del continente, pues contempla el Sistema Público de Cuidados, así como la defensa integral de los derechos de las mujeres.
El Ingreso Ciudadano Universal, reiteró Brugada, es un programa sin criterios de exclusión que exige únicamente dos requisitos: tener 57 años cumplidos y residir en la Ciudad de México. “Aquí nació la esperanza”, dijo al recordar que el primer programa de apoyo universal en la ciudad fue la pensión para adultos mayores, creada hace más de 20 años por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Brugada anunció que este año se beneficiará a 77 mil personas con este programa y, a partir de 2026, se hará completamente universal: “Nadie se va a quedar sin apoyo”, prometió.
En su intervención, la secretaria de Igualdad y Bienestar Social, Araceli Damián González, celebró la materialización de este programa impulsado por un gobierno de izquierda que asume la universalidad como principio fundamental de los derechos sociales. “Hoy hacemos realidad un sueño: el derecho a un ingreso digno para cubrir lo básico, como salud, alimentación, transporte y cultura”, afirmó.
Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo), recordó que las bases legales del programa están en la Constitución de la Ciudad desde 2017, cuando se estableció el derecho al mínimo vital, una iniciativa impulsada por la propia Brugada como diputada constituyente. “Ella no anda con discursos: aplica lo que se aprobó y lo lleva al territorio”, expresó.
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Al evento acudieron también integrantes del gabinete capitalino, entre ellos, las secretarias del Trabajo, Inés González; de Protección Civil, Miriam Urzúa; de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Juárez; de las Mujeres, Dafne Cuevas; la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas; así como los titulares de Participación Ciudadana, Tomás Pliego; del Sistema de Aguas, Mario Esparza; de Obras, Raúl Basulto; y del C5, Salvador Guerrero.
Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con una política social de alcance universal, que coloca en el centro de su acción pública el derecho a una vida digna para todas las personas.
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