En conferencia de prensa la diputada Diana Sánchez Barrios anunció el impulso a una reforma al artículo 73 constitucional para incluir explícitamente la facultad del Congreso de la Unión de contemplar los derechos de las personas transexuales, con el objetivo de erradicar la violencia estructural que limita su acceso a salud, empleo, justicia, educación y vivienda.
Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, destacó que el párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce estos derechos, por lo que la propuesta busca homologarlos a nivel federal.
“Se trata de que nos reconozcan y visibilicen por preferencia, característica sexual e identidad de género. Hoy, con una presidenta de la República como Claudia Sheinbaum y una jefa de Gobierno como Clara Brugada, comprometidas con la comunidad LGTTTIQ+, no dudo que se abrirán más espacios y clínicas para la diversidad”, señaló.
En el evento participaron representantes de varios estados, como la diputada local de Puebla, Gabriela Chumacero, quien subrayó la necesidad de actualizar la legislación nacional para alinear a México con convenios internacionales.
Melani Kinston llamó a un pacto constitucional que devuelva la dignidad a las personas trans, señalando que muchos jóvenes son expulsados de sus hogares y escuelas, mientras que Manuela Reyes recordó que la CNDH, en su recomendación 42/2024, exhorta al Estado a garantizar estos derechos, incluyendo a los trans adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad.
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Isaac Alexander, del Colectivo Traslúcido, alertó que México es el segundo país con más crímenes de odio, registrando 325 transfeminicidios de enero a mayo de este año, y que el 63.5% de la comunidad trans ha sufrido violencia, mientras que el 18.8% ha recibido una negativa laboral.
Kachira, representante de Nayarit, advirtió que la esperanza de vida de una persona trans en México es de entre 25 y 40 años debido a la falta de políticas públicas y servicios médicos especializados.
Por su parte, Alejandra Salazar denunció que estados como Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Querétaro, Durango y Chiapas, aún no existe legislación que garantice sus derechos, a pesar de que la Constitución prohíbe toda forma de discriminación.
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