El título parece de sangre y pólvora, pero la víctima no es una persona: es el bosque. A unos kilómetros de la capital del país, en el histórico Monte de las Cruces, donde el 30 de octubre de 1810 Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama derrotaron a las fuerzas realistas de Torcuato Trujillo, hoy se libra otra batalla: la defensa de La Marquesa frente a la tala ilegal que avanza con descaro e impunidad.
¿Cómo pasó de escenario histórico a escena del crimen ambiental?
El paraje que une a la hoy Ciudad de México con el Estado de México no solo es símbolo de la gesta independentista; es también un santuario natural visitado por miles cada fin de semana.
La imponente Laguna de Salazar, visible desde la autopista México–Toluca, es el corazón de una zona boscosa que abarca los municipios de Ocoyoacac y Lerma.
Pero basta internarse por sus brechas para constatar la devastación: cientos de árboles talados desde la base, caminos abiertos con maquinaria pesada, socavones que parecen diseñados para impedir el paso a curiosos y denunciantes. La deforestación es “hormiga”, sí, pero constante y acumulativa. Y lo que parece pequeño termina siendo irreversible.
¿Quién protege a los talamontes?
Durante recorridos recientes, visitantes han sido vigilados y videograbados por supuestos “vecinos” que en realidad operan como halcones de grupos dedicados a la tala clandestina. Con radiocomunicación en mano, reportan cualquier presencia extraña. Su actitud es intimidante. La ausencia de patrullas municipales, estatales o federales es evidente.
Habitantes de la zona afirman que los delincuentes operan de noche, siempre armados, y que son plenamente identificables. Familias enteras dedicadas a la tala ilegal que, pese a ser señaladas por la propia comunidad, actúan con una impunidad que solo se explica por protección o complicidad.
La zona referida —Ejido La Cima San Mateo Atarasquillo, en Lerma— está a menos de dos kilómetros de la autopista México–Toluca. Es decir, el ecocidio ocurre frente a miles de automovilistas y paseantes cada fin de semana. Y aun así, el bosque cae.
¿Dónde están las autoridades ambientales?
Resulta paradójico que un espacio considerado área “protegida” sea, en los hechos, tierra fértil para el crimen ambiental. La tala ilegal no solo destruye árboles; elimina captadores naturales de carbono, altera el ciclo del agua y contribuye a la mala calidad del aire que respiran millones en el Valle de México.
El silencio o tibieza institucional frente a este fenómeno envía un mensaje peligroso: que devastar el bosque no tiene consecuencias. Cuando las autoridades ejidales, municipales o estatales no actúan con firmeza, el mensaje es claro para los talamontes: pueden seguir.
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No se trata de un asunto local ni partidista. No es un problema de mexiquenses contra capitalinos. Es una crisis ambiental que compromete el futuro de todos. Creer que “unas cuantas hectáreas” no afectan es ignorar que cada árbol menos es menos oxígeno, menos captación de agua y más vulnerabilidad ante incendios y sequías.
¿Aprenderemos hasta que sea demasiado tarde?
Así como el Ajusco ha sido documentado como víctima de la tala ilegal, La Marquesa enfrenta un destino similar. El cambio climático no es guion cinematográfico; es realidad palpable en sequías extremas, lluvias atípicas y temperaturas récord.
La historia recuerda que en el Monte de las Cruces se decidió el rumbo de una nación. Hoy, en ese mismo territorio, se decide algo igual de trascendente: la supervivencia de su ecosistema. Si las autoridades no actúan con contundencia y si la sociedad no exige transparencia y vigilancia real, el saldo será irreversible.
Porque esta nota roja no habla de balas, sino de motosierras. Y el cadáver que dejan no se entierra: se respira.
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