La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa de reforma constitucional que enviará al Congreso de la Ciudad de México para garantizar el derecho al arraigo comunitario, establecer rentas justas y transformar las relaciones entre inquilinos y arrendadores en la capital.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina afirmó que se trata de un “paso histórico” para consolidar el derecho a la ciudad, al subrayar que habitar la capital no debe ser un privilegio, sino un derecho. La propuesta busca elevar a rango constitucional diversas disposiciones en materia de vivienda en renta, con el fin de otorgarles mayor protección jurídica.
La iniciativa de reforma contempla cuatro ejes estructurales. El primero establece que el incremento de las rentas no podrá superar la inflación, con el objetivo de garantizar condiciones de justicia y estabilidad para quienes viven en arrendamiento.
El segundo eje plantea la obligación del gobierno capitalino de implementar una política integral que amplíe la oferta de vivienda social y asequible, especialmente para sectores de bajos ingresos y jóvenes, además de fortalecer la reserva territorial destinada a este fin.
Como tercer punto, se propone la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, encargada de promover y proteger las relaciones equitativas entre arrendadores y arrendatarios.
El cuarto eje incorpora el derecho al arraigo vecinal y comunitario, reconociendo la importancia del vínculo social, cultural y económico de las personas con su entorno, así como su permanencia en los espacios donde han desarrollado sus proyectos de vida.
Brugada Molina destacó que la reforma permitirá posicionar a la Ciudad de México a la vanguardia en la regulación del mercado de renta, al establecer mecanismos para contener el alza de precios y enfrentar fenómenos como la gentrificación. Asimismo, hizo un llamado al Congreso local para iniciar el análisis y discusión de la propuesta.
En su intervención, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, señaló que la reforma dará certeza jurídica en materia de arrendamiento, en concordancia con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y subrayó la necesidad de incrementar la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada.
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La mandataria capitalina enfatizó que la iniciativa responde a una crisis global de vivienda que afecta a miles de millones de personas. En la Ciudad de México, cerca de dos millones de habitantes viven bajo el régimen de renta, y en zonas centrales más del 40 por ciento de sus ingresos se destina al pago de alquiler, llegando en algunos casos hasta la mitad de sus percepciones.
Esta propuesta constituye la primera etapa de una ruta legislativa que continuará con la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
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