La iniciativa plantea realizar foros ciudadanos anuales en las 19 regiones del estado para que las propuestas de la población sean consideradas en la asignación del gasto público.
Con el objetivo de incorporar las necesidades de la población en las decisiones sobre el gasto público, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso al Congreso del Estado de México establecer foros ciudadanos regionales para que las propuestas de la sociedad sean consideradas en la elaboración del Presupuesto de Egresos estatal.
La iniciativa, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar durante una sesión de la LXII Legislatura, plantea que la programación y presupuestación del gasto público se realice tomando como referencia los resultados de los Foros Ciudadanos Regionales para la Planeación del Presupuesto, cuyos planteamientos quedarían integrados en un Informe Regional de Propuestas Ciudadanas.
La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario que coordina el diputado Omar Ortega Álvarez, busca establecer estos encuentros como mecanismos de participación ciudadana y consulta pública de carácter anual, en los que los habitantes de cada región puedan expresar sus necesidades y prioridades respecto a la aplicación de los recursos públicos.
De acuerdo con el proyecto, la persona titular del Ejecutivo estatal deberá garantizar la realización de las consultas, mientras que la Secretaría de Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) tendrían a su cargo su organización y conducción.
Se contempla la realización de al menos un foro en cada una de las 19 regiones de la entidad, así como la integración y publicación de un informe regional y un anexo que permita conocer el destino y la atención de las propuestas ciudadanas.
Al exponer los alcances de la iniciativa, que contempla reformas a las leyes de Planeación del Estado de México y Municipios y Orgánica de la Administración Pública estatal, así como al Código Financiero de la entidad, la legisladora sostuvo que el presupuesto público no debe construirse sin escuchar a la ciudadanía.
Subrayó que las comunidades deben tener voz en las decisiones que afectan su presente y futuro, por lo que consideró necesario que la planeación del gasto deje de realizarse exclusivamente desde las instituciones y tome en cuenta las necesidades identificadas directamente en el territorio.
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Entre los objetivos de los foros destacan identificar las prioridades de gasto de cada región, vincular la asignación de recursos con las demandas ciudadanas y los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México, promover una distribución territorial más equitativa del presupuesto y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
La iniciativa también establece que las consultas deberán realizarse antes de la elaboración de los anteproyectos de gasto, en sedes accesibles y rotativas entre los municipios de cada región. La participación deberá ser libre, gratuita y sin condicionamientos por afiliación partidista o pertenencia a alguna organización.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas tendría que emitir la convocatoria correspondiente con al menos 30 días naturales de anticipación al primer foro. En las regiones donde existan pueblos y comunidades indígenas, la información también deberá difundirse en las lenguas correspondientes.
Una vez concluidos los encuentros, la dependencia contará con un plazo de 30 días hábiles para integrar y publicar el Informe Regional de Propuestas Ciudadanas y elaborar un anexo en el que se especifiquen las propuestas incorporadas al presupuesto, el programa presupuestario correspondiente y los montos asignados por región.
Finalmente, el proyecto plantea que el Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo estatal presente ante el Congreso deberá incluir dicho anexo, así como un reporte sobre los avances en la atención de las propuestas ciudadanas incorporadas durante el ejercicio fiscal anterior.
La implementación de este mecanismo deberá aprovechar las estructuras institucionales y los recursos humanos y materiales existentes, con el propósito de evitar duplicidades administrativas y garantizar un ejercicio eficiente del gasto público.
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