La Ciudad de México reforzará las acciones para prevenir, investigar y combatir el despojo de inmuebles, mediante una estrategia integral que contempla regularización patrimonial, atención inmediata, inteligencia, acompañamiento jurídico y restitución de propiedades, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina presentó las acciones que forman parte de la estrategia del Gabinete por la Paz y la Construcción de Seguridad, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y cerrar espacios a las redes dedicadas a este delito.
Brugada Molina afirmó que su administración utilizará la fuerza de las instituciones y el marco legal para enfrentar el despojo, además de establecer mecanismos de prevención y atención para las personas afectadas.
Clara Brugada presentó una estrategia integral contra el despojo en CDMX, con prevención, inteligencia, atención inmediata y restitución.
Entre las principales medidas se encuentra la puesta en marcha de un programa permanente y accesible de regularización, registro notarial, escrituración y sucesión de propiedades, concebido como una estrategia de seguridad patrimonial.
También anunció la próxima creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que contará con personal especializado y estará bajo responsabilidad de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.
La estrategia contempla, además, nuevos plazos de 15 días para la restitución de inmuebles y 30 días para la judicialización de los casos, así como un protocolo único de atención ante llamadas de emergencia relacionadas con posibles despojos.
Este mecanismo permitirá establecer una ruta común de actuación entre autoridades del Gobierno capitalino, policías y elementos ministeriales, con el propósito de acelerar la respuesta institucional ante una posible ocupación ilegal.
Otro componente será el fortalecimiento de la investigación estratégica mediante el análisis de tendencias y patrones criminales. La intención, explicó Brugada Molina, es identificar posibles grupos delictivos que operen de manera sistemática y no limitar la actuación oficial a la atención aislada de cada expediente.
La administración capitalina también anunció un equipo especial de control interno adscrito a la Contraloría, encargado de investigar, auditar y sancionar posibles actos de corrupción, colusión o complicidad de servidores públicos que faciliten o encubran despojos.
Como parte de las medidas preventivas se impulsará una cartilla ciudadana con recomendaciones para proteger los inmuebles, entre ellas mantener actualizada la documentación, registrar voluntariamente las propiedades, activar la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad y regularizar bienes heredados o intestados.
También se recomienda formalizar préstamos o rentas de inmuebles, conservar comprobantes de servicios como evidencia de posesión, actuar de inmediato ante intentos de ocupación, denunciar ante la Fiscalía, preservar pruebas y buscar asesoría jurídica antes de firmar documentos relacionados con una propiedad.
La estrategia incluirá un informe semestral para dar a conocer los avances obtenidos y evaluar el funcionamiento de las medidas implementadas.
De acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia, desde 2019 se han registrado en la capital entre 10 y 11 casos diarios de despojo en promedio. Ante este escenario, el Gobierno capitalino ha impulsado acciones como la creación del Gabinete interinstitucional contra el Delito de Despojo y propuestas para incrementar las penas, que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el Gabinete contra los Despojos ha atendido mil 32 casos, de los cuales 644 corresponden a asuntos civiles y 388 fueron catalogados como presuntos despojos. Asimismo, se han concretado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que se estableció un protocolo de reacción inmediata. Indicó que durante el año se han detenido 46 personas específicamente por el delito de despojo.
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La atención policial parte de una denuncia y busca que el tiempo de respuesta sea menor a tres minutos. Una vez en el sitio, los elementos valoran si existen condiciones para acreditar flagrancia, conforme a los supuestos establecidos en la legislación.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se realizarán asambleas ciudadanas en zonas identificadas con mayor incidencia de este delito, además de reforzar el acompañamiento a víctimas mediante atención en territorio, en el Zócalo de Gobierno y vía telefónica.
En materia registral, la Consejería Jurídica informó sobre la implementación de una alerta que se activa ante trámites relacionados con inmuebles y permite detectar posibles operaciones fraudulentas. También se creó una Unidad de Inteligencia Registral para analizar la información de los casos que llegan al Gabinete contra los Despojos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México propuso, por su parte, crear una Unidad Especializada integrada por 20 jueces, así como un registro institucional de inmuebles afectados y un área receptora de órdenes de desalojo. También planteó mecanismos para detectar de manera preventiva procedimientos judiciales simulados y convenios irregulares.
Con estas medidas, el Gobierno capitalino busca articular prevención, inteligencia, respuesta policial, investigación ministerial, atención jurídica y restitución de derechos para fortalecer la protección del patrimonio de las familias.
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