El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estableció límites a las aportaciones privadas y reglas para la propaganda, los actos públicos y la fiscalización de las personas que busquen una candidatura sin partido en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. Los lineamientos buscan regular la obtención del apoyo ciudadano y definir las condiciones bajo las cuales podrán financiarse y promoverse estas aspiraciones políticas.
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, las actividades para recabar el respaldo de la ciudadanía deberán financiarse exclusivamente con recursos privados de origen lícito. El gasto durante esta etapa tendrá un límite equivalente al 20 por ciento del tope establecido para las campañas inmediatas anteriores, conforme al tipo de elección.
Además, las aportaciones individuales, en dinero o en especie, que realicen las personas aspirantes y sus simpatizantes no podrán superar el 10 por ciento del tope de gastos correspondiente a la elección. La medida establece límites diferenciados según el cargo y el ámbito territorial en el que se busque competir.
Para las diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, las aportaciones individuales podrán oscilar entre 21 mil 506.59 y 30 mil 805.26 pesos, dependiendo del distrito electoral. En el caso de la Diputación Migrante, el máximo será de 12 mil 290.50 pesos, mientras que para las alcaldías los montos variarán de acuerdo con cada demarcación territorial.
Las reglas también contemplan restricciones para la propaganda y los mensajes de promoción política. Las personas aspirantes deberán abstenerse de difundir contenidos que degraden, denigren, discriminen o calumnien a partidos políticos, otras personas aspirantes, precandidatas o candidatas, así como a instituciones públicas.
De igual manera, deberán evitar conductas que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, además de cualquier forma de presión o coacción dirigida a obtener el respaldo ciudadano. Estas disposiciones incorporan obligaciones relacionadas con el respeto a los derechos políticos y la equidad durante la etapa de búsqueda de apoyos.
En materia ambiental, la propaganda impresa tendrá que elaborarse con materiales reciclables y biodegradables, libres de sustancias tóxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente. También deberá incluir de manera visible la leyenda “Aspirante a Candidatura Sin Partido”.
Los lineamientos prohíben, asimismo, contratar propaganda o recurrir a otras formas de promoción personal en radio y televisión, así como difundir campañas negativas. Estas restricciones delimitan los medios y las prácticas que podrán utilizarse para posicionar una aspiración política antes de la etapa de campaña.
Respecto de las reuniones públicas, el IECM señala que podrán realizarse con respeto a los derechos de terceros, los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral y las disposiciones de las autoridades competentes para garantizar el derecho de reunión y preservar el orden público.
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Para quienes aspiren a la Diputación Migrante, las restricciones son específicas: no podrán efectuar en el extranjero actos presenciales de carácter proselitista, como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos destinados a recabar apoyo ciudadano. Tampoco podrán producir, distribuir, colocar o difundir propaganda impresa o física fuera del territorio nacional.
Otro componente central es la fiscalización de los recursos utilizados para obtener firmas. Las personas aspirantes deberán cumplir las disposiciones aplicables al registro de ingresos y gastos, así como presentar el informe correspondiente ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con estas reglas, el organismo electoral capitalino delimita las condiciones financieras y operativas para quienes busquen competir sin el respaldo de un partido político en los comicios de 2027. El cumplimiento de los topes de aportaciones, las restricciones de propaganda y las obligaciones de rendición de cuentas será parte de las exigencias para desarrollar esta etapa del proceso electoral.
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