El feminicidio debe prevenirse desde las primeras señales de violencia y amenaza contra las mujeres, coincidieron especialistas durante las mesas de diálogo realizadas en el Senado de la República para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
Durante el encuentro, especialistas, fiscales, defensoras de derechos humanos e investigadoras señalaron que las violencias contra las mujeres se presentan de manera sistemática, por lo que la nueva legislación debe priorizar la prevención, fortalecer la investigación y combatir la impunidad.
El fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que investigar, detener y llevar ante los tribunales a quienes probablemente cometan un feminicidio constituye una obligación irrenunciable, pero advirtió que el Estado debe intervenir desde que aparece la primera amenaza.
Consideró que la futura ley general no debe limitarse a definir el delito y establecer sanciones, sino establecer una política nacional de prevención. Señaló que, aunque la eficacia de las fiscalías es indispensable, una investigación exitosa no puede devolverle la vida a una mujer, por lo que las autoridades deben evitar llegar tarde ante las situaciones de riesgo.
A su vez, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, planteó que la nueva legislación debe contribuir a modificar las condiciones estructurales y los contextos de violencia que han prevalecido durante años.
También consideró necesario homologar los criterios para la judicialización de los casos, con el propósito de evitar que hechos que podrían constituir feminicidio queden sin la atención adecuada.
La especialista puso particular énfasis en el feminicidio infantil, al advertir sobre la gravedad de los casos en los que las víctimas son niñas y los posibles agresores forman parte de su entorno de cuidado. Ante esta situación, llamó a fortalecer las investigaciones y evitar que los responsables permanezcan impunes.
La antropóloga e investigadora Marcela Lagarde destacó que el feminicidio no constituye un fenómeno aislado, sino una problemática que involucra al conjunto de la sociedad y las relaciones de poder. Subrayó la necesidad de analizar estos crímenes desde una perspectiva política y de derechos humanos.
Asimismo, señaló que la respuesta institucional debe traducirse en acciones concretas y en un pacto democrático y político para proteger la vida y los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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Karla Micheel Salas, defensora de los derechos de las mujeres, explicó que la legislación que se construya también contribuirá al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con los casos Campo Algodonero, Digna Ochoa y Plácido y García Andrade.
Indicó que esos precedentes establecen una hoja de ruta para las autoridades mexicanas respecto de la atención de las primeras señales de riesgo, la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, la supervisión de las órdenes de protección y la participación de los familiares de las víctimas.
Por su parte, David Peña, especialista en Derechos Humanos y Democracia, advirtió que la impunidad representa uno de los principales desafíos en la atención de los feminicidios, particularmente en las fiscalías locales.
Explicó que algunos casos no son registrados o clasificados correctamente, por lo que consideró indispensable homologar el tipo penal y establecer protocolos de investigación comunes. Añadió que las deficiencias de personal, infraestructura y servicios periciales, así como las resistencias institucionales, dificultan la procuración efectiva de justicia.
Las conferencias fueron organizadas por las Comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado, que presiden la senadora Martha Lucía Mícher Camarena y los senadores Javier Corral Jurado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, como parte de las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio”, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las propuestas analizadas buscan que la prevención, la atención temprana, la perspectiva de género, los derechos de la infancia, la homologación del tipo penal y el combate a la impunidad formen parte de una política nacional para enfrentar el feminicidio.
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