La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a trabajar de manera conjunta en cinco acciones orientadas a atender problemáticas sociales, prevenir violaciones y garantizar la aplicación y restitución de derechos.
Durante la presentación del Informe Anual 2025 del organismo autónomo, la mandataria capitalina sostuvo que la ciudad requiere una Comisión de Derechos Humanos fuerte, independiente y crítica, cercana a las víctimas y con capacidad para señalar las situaciones que vulneren derechos.
Como primera propuesta, Brugada Molina planteó acompañar la transformación de la Procuraduría Social en la Defensoría Social del Pueblo, con el objetivo de construir un nuevo modelo de exigibilidad de derechos.
La segunda acción consiste en impulsar un nuevo modelo penitenciario que garantice la reinserción social de las personas que cumplen una condena, de manera que puedan recuperar su libertad sin nuevas heridas que las conduzcan nuevamente a la violencia.
Clara Brugada también propuso construir un programa conjunto para atender a las personas en situación de calle y establecer una política integral que permita generar alternativas reales para el ejercicio de sus derechos.
Como cuarta propuesta, ante la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que será enviada al Congreso capitalino, convocó a elaborar un nuevo protocolo para la atención de desalojos, con el propósito de evitar abusos, violencia y vulneraciones a los derechos humanos.
La quinta acción planteada por Brugada consiste en mantener el acompañamiento y atención a las personas desaparecidas, así como fortalecer las condiciones para que quienes participan en labores de búsqueda cuenten con toda la fuerza del Estado.
“Tenemos cinco tareas, cinco propuestas, en las que queremos caminar juntas y juntos, para tener alternativas buenas para esta ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno.
Brugada Molina subrayó que los gobiernos democráticos no deben temer a una Comisión de Derechos Humanos sólida e independiente. Por el contrario, señaló que deben ampliar su capacidad institucional para prevenir, investigar y señalar violaciones, exigir responsabilidades y contribuir a la reparación del daño.
La mandataria destacó que el trabajo de la Comisión no puede limitarse a documentar violaciones. “No basta con señalar una violación, hay que detenerla; no basta con documentar una injusticia, hay que repararla”, expresó.
En ese sentido, propuso avanzar en el reconocimiento constitucional de tres derechos: al cuidado, ya establecido en la Constitución local; al arraigo, para que las personas puedan permanecer en el lugar donde han construido su vida; y a la educación inicial, junto con un ingreso garantizado de los cero a los tres años.
Asimismo, llamó a mantener el carácter solidario de la Ciudad de México y su tradición de recibir a personas que huyen de la persecución, la violencia y la guerra.
Durante la presentación del informe, María Dolores Saravia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, informó sobre los avances alcanzados durante 2025, entre ellos el fortalecimiento del mecanismo de restitución inmediata de derechos, el trabajo territorial mediante oficinas en las 16 alcaldías y el acompañamiento integral a procesos de búsqueda y movilizaciones sociales.
También destacó las acciones dirigidas a grupos de atención prioritaria y la promoción de los derechos humanos. Reconoció, además, pendientes y áreas de oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta institucional.
Saravia Calderón planteó la necesidad de pasar de la atención de los casos a la identificación de sus causas, con el propósito de detectar problemáticas comunes que requieren acciones colectivas y sostenidas. También llamó a fortalecer la documentación y el acompañamiento para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Entre los asuntos prioritarios mencionó la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la libertad e integridad personal, así como la atención de casos relacionados con tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.
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La presidenta de la Comisión destacó la importancia de coordinar esfuerzos con instituciones públicas, organizaciones sociales, academia y ciudadanía para impulsar procesos comunitarios, educativos y de diálogo que contribuyan a la defensa de los derechos y a la construcción de paz, siempre bajo los principios de autonomía e independencia.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció el trabajo interinstitucional con la Comisión y señaló que su actuación ha contribuido a evitar que las violaciones a derechos humanos se normalicen.
Destacó que el organismo ha mantenido una relación basada en el diálogo y la construcción de puentes con las instituciones, sin renunciar a su independencia ni a su capacidad para señalar las deficiencias que requieren cambios.
Alcalde Luján resaltó finalmente el papel de la Comisión como voz de las víctimas, al escuchar sus experiencias y convertir sus demandas en exigencias concretas de transformación institucional.
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