La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal Federal el delito de usurpación de identidad y establecer penas de dos a diez años de prisión, además de hasta 400 días multa.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar un capítulo III Quáter denominado “Usurpación de identidad”, con el propósito de definir con mayor precisión las conductas que configuran este ilícito y establecer sanciones homologadas en todo el país.
De acuerdo con la iniciativa, incurrirá en este delito quien, por cualquier medio, obtenga datos personales en perjuicio de otra persona con la finalidad de suplantar su identidad, obtener un beneficio para sí o para un tercero, o cometer algún otro delito.
El proyecto contempla además un agravante cuando el responsable cuente con licenciatura, ingeniería o algún otro grado académico reconocido en informática o telemática. En estos casos, las penas aumentarían en una mitad y se establecería la suspensión del derecho para ejercer la actividad profesional por un periodo de uno a cinco años.
La legisladora expuso que México no cuenta actualmente con una legislación federal específica para sancionar la usurpación de identidad, mientras que únicamente 16 entidades federativas contemplan este delito en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Ante este escenario, la iniciativa busca establecer una regulación de alcance nacional que permita sancionar bajo los mismos criterios y con similar rigor las conductas relacionadas con la suplantación de identidad.
Elizondo Guerra advirtió que este ilícito no representa únicamente un daño patrimonial, debido a que también implica el acceso indebido a información privada y datos personales que pueden ser utilizados para cometer otros delitos.
La propuesta señala que la usurpación puede llevarse a cabo mediante cuentas bancarias, redes sociales, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, aprovechando factores como la homonimia, el parecido físico o la similitud de la voz para engañar a terceros y hacerse pasar por otra persona.
Entre las modalidades que identifica se encuentra el robo de cuentas de aplicaciones como WhatsApp. En estos casos, los ciberdelincuentes pueden solicitar códigos de activación para registrar la cuenta de la víctima en otro dispositivo y utilizarla posteriormente para suplantar su identidad.
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Otro riesgo señalado es el fraude cibernético bancario, mediante el cual delincuentes obtienen información financiera de usuarios a través de llamadas, mensajes y redes sociales, para posteriormente acceder a sus cuentas y sustraer recursos.
La iniciativa destaca que la creciente utilización de medios digitales para realizar actividades cotidianas, como compras, comunicación, educación, entretenimiento y acceso a información, también ha ampliado las oportunidades para que organizaciones criminales cometan ilícitos en Internet.
Por ello, la diputada consideró necesario fortalecer la protección de las personas usuarias de servicios digitales y garantizar condiciones de mayor seguridad para el desarrollo de sus actividades en línea.
La propuesta plantea que la prevención y combate de la usurpación de identidad requiere la participación de autoridades, sectores sociales y productivos, así como una mayor conciencia sobre la protección de los datos personales y la seguridad cibernética.
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