Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas establecer un mecanismo internacional de carácter extraordinario para atender la grave crisis de desapariciones que enfrenta México.
La petición, encabezada por Amnistía Internacional y respaldada por agrupaciones civiles, fue presentada mediante un documento dirigido a las representaciones diplomáticas de los países miembros de la ONU. En él, plantean que la comunidad internacional defina una ruta de actuación luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activara el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con los colectivos, la dimensión de la problemática representa un desafío que supera las capacidades institucionales del Estado mexicano. Señalan que existen más de 135 mil personas desaparecidas o no localizadas, además de alrededor de 72 mil restos humanos que permanecen sin ser identificados.
A esta situación se suma, advierten, un nivel de impunidad cercano al 99 por ciento en los casos relacionados con desapariciones, lo que dificulta el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
Proponen una figura internacional independiente
Entre las medidas planteadas ante la ONU se encuentra la designación de una persona experta o un grupo independiente que pueda elaborar un plan de acción urgente. La propuesta contempla que este trabajo se realice mediante consultas con el Gobierno de México, familiares de las víctimas y organismos internacionales especializados.
La intención, explicaron las organizaciones, no sería sustituir a las instituciones mexicanas, sino contribuir con conocimientos técnicos y herramientas internacionales para fortalecer las labores de búsqueda, identificación forense, investigación y acceso a la justicia.
Los colectivos también solicitaron a los gobiernos aliados promover un diálogo directo y constructivo con las autoridades mexicanas, con el propósito de que el proceso internacional sea entendido como una vía de cooperación y no como una confrontación política.
Persiste el desacuerdo entre México y el organismo de la ONU
La solicitud ocurre en medio de diferencias entre el Gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación han cuestionado la interpretación realizada por el organismo internacional y han rechazado que existan elementos suficientes para afirmar que en México se presenta una práctica generalizada o sistemática de desapariciones.
Las organizaciones civiles, sin embargo, sostienen que la resolución del CED relacionada con la posibilidad de que existan crímenes de lesa humanidad obliga a la comunidad internacional a asumir una responsabilidad de protección frente a la gravedad de los hechos denunciados.
Para los familiares, el debate no se limita a cifras. Detrás de cada registro existe una persona cuya ausencia ha dejado consecuencias profundas en sus familias y comunidades, además de años de búsqueda y exigencia de respuestas.
Familiares llevarán su demanda ante diplomáticos
Como parte de su estrategia durante el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, representantes de colectivos de familiares prevén sostener encuentros con diplomáticos en Nueva York y participar en distintos foros paralelos.
El objetivo será conseguir respaldo internacional para que antes de finalizar el año pueda impulsarse una resolución formal que establezca nuevas acciones frente a la crisis de desapariciones y al rezago en materia de identificación forense.
La discusión internacional se desarrolla así mientras México enfrenta uno de los mayores desafíos de su sistema de búsqueda e identificación de personas. Para las organizaciones y familiares, la intervención de organismos internacionales representa una posibilidad de sumar capacidades y mantener la atención sobre miles de casos que permanecen sin respuesta.
La exigencia central, sostienen, es que las familias puedan conocer qué ocurrió con sus seres queridos y que las instituciones cuenten con las herramientas necesarias para encontrarlos, identificarlos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
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