La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, convocó a las fuerzas políticas a privilegiar las propuestas, los argumentos y los proyectos de ciudad rumbo al próximo proceso electoral, así como a rechazar los discursos de odio, la discriminación y la desinformación, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración de respetar la autonomía de las instituciones electorales.
Durante la Sesión Pública Solemne del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), con motivo del último Informe de Actividades de su presidente, Armando Ambriz Hernández, la mandataria capitalina destacó la función de este órgano jurisdiccional en la protección de los derechos políticos, la resolución de controversias y la defensa de la voluntad ciudadana.
En el acto, celebrado en el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina sostuvo que las instituciones electorales son resultado de las luchas históricas por elecciones libres y por el reconocimiento de los derechos políticos. Subrayó que su responsabilidad consiste en garantizar que ningún interés particular, presión o relación de poder se imponga sobre las decisiones de la ciudadanía.
Ante magistradas y magistrados, legisladores locales y federales, así como alcaldesas y alcaldes, planteó la necesidad de mejorar la calidad de la discusión pública, especialmente ante la proximidad de una nueva contienda electoral. El llamado, señaló, consiste en colocar las ideas y las propuestas en el centro del debate, en lugar de recurrir a la mentira como herramienta política.
La jefa de Gobierno consideró que las diferencias entre las fuerzas políticas deben procesarse mediante argumentos y conforme a la ley, con discusiones que contribuyan a la vida democrática de la capital. La exigencia adquiere relevancia en un contexto en el que la competencia electoral demanda condiciones de legalidad, respeto y confianza ciudadana.
Como segundo eje, convocó a construir un frente contra los discursos de odio y las expresiones de racismo, misoginia, clasismo, xenofobia e intolerancia. Afirmó que la Ciudad de México debe preservar su carácter plural y su vocación como espacio de libertades, derechos y convivencia democrática.
En materia de imparcialidad electoral, Brugada Molina reiteró que su administración no intervendrá en el proceso comicial y que respetará tanto la autonomía de las autoridades electorales como la libertad de la población para decidir.
También sostuvo que los recursos públicos deben utilizarse para atender las necesidades de la ciudadanía y no para favorecer intereses electorales. Con ello, planteó la importancia de mantener una separación entre el ejercicio del gobierno y la competencia entre partidos y candidaturas.
Por su parte, el magistrado presidente del TECDMX, Armando Ambriz Hernández, agradeció la asistencia de la mandataria capitalina y destacó que su informe constituye un ejercicio de rendición de cuentas sobre el trabajo del órgano jurisdiccional en la defensa de los derechos políticos y el fortalecimiento de la democracia local.
Ambriz Hernández recordó el significado histórico del Museo de la Ciudad de México, recinto donde, a principios de 1999, se celebró la instalación del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal. La referencia permitió recuperar los antecedentes de la justicia electoral en la capital y su evolución institucional.
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El magistrado señaló que las formas de participación ciudadana han cambiado durante las últimas dos décadas, lo que ha obligado al Tribunal a desarrollar nuevas capacidades para responder a las exigencias sociales y ofrecer vías legales para resolver las diferencias políticas.
Asimismo, reafirmó la responsabilidad de la institución de escuchar, proteger y defender a la ciudadanía frente a posibles arbitrariedades. En su mensaje, destacó que las decisiones judiciales trascienden la duración de los cargos públicos, pues sus efectos pueden influir de manera permanente en la consolidación de las instituciones democráticas.
La sesión puso en el centro de la discusión el papel de la justicia electoral y la responsabilidad de los actores políticos ante los próximos comicios. La imparcialidad institucional, el respeto a la ley y la calidad del debate público serán elementos relevantes para preservar la confianza ciudadana en los procesos de representación y decisión política.
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